Desde Corrientes, obispos católicos contra la ley de tierras de Milei

Obispos de Corrientes e instituciones de la Iglesia Católica se oponen a la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Esta propone la enajenación de tierras en manos extranjeras, contra la normativa vigente.

El obispo de Goya, monseñor Adolfo Ramón Canecín, expresó su total adhesión e hizo llegar a toda la feligresía diocesana el comunicado de Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) ante el tratamiento de la denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada».

En la misma línea ya se había pronunciado el Episcopado Argentino, mientras que el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, también se encolumnó detrás de un fuerte rechazo institucional a un proyecto de ley del gobierno nacional que busca desregular y facilitar la venta de tierras a extranjeros. Larregain preside la comisión de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Carnecín sostuvo que la ley impulsada por el gobierno nacional «podría priorizar intereses privados (nacionales o extranjeros) en detrimento del cuidado ambiental y de las comunidades originarias o locales». Además, debilita el poder del Estado y su capacidad para ordenar el territorio y resguardar el interés comunitario».

En una carta abierta a los legisladora, Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen expresaron su preocupación por la iniciativa de ley denominada «Inviolabilidad de la Propiedad», impulsada por el Poder Ejecutivo argentino.

Como integrante de las comisiones de la Conferencia Episcopal, el arzobispo correntino apoyó las mociones que desde la Pastoral Social fueron expuestas por el obispo de Chascomús, parte de dicha comisión. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo (a través de un proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada»), intenta modificar profundamente la Ley de Tierras (Ley 26.737), que actualmente protege la soberanía territorial y los recursos naturales del país, fue la conclusión episcopal.

Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que expresan su preocupación por el proyecto del Poder Ejecutivo denominado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada».

Las instituciones eclesiales sostienen que la iniciativa «atenta contra la soberanía» de la Argentina, además de estar en un todo contra la legislación que ya lleva más de un siglo de vigencia en el país. El 16 de junio de 2026 el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, Endepa y Cáritas Argentina enviaron una Carta abierta a nuestros Legisladores por la llamada «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada».

Ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el obispo de la Diócesis de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, quien dijo que con la ley vigente, «existe un tope a la apropiación extranjera del 15% jurisdiccional y de 1.000 hectáreas en zonas núcleo (de alto valor productivo)».

Liébana añadió que»este nuevo proyecto abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas como las vinculadas al petróleo, la minería, los glaciares, las nacientes de los ríos, etc. Ante la ilusión de futuras inversiones extranjeras, resulta imperioso reconocer que esto no implica necesariamente un verdadero desarrollo para nuestra nación».

«Repito lo que comunicamos los obispos hace unos días: Creemos que este proyecto
de ley atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de
nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse», subrayó. Enseguida aclaró, en una extensa exposición, que «No estamos despreciando la propiedad privada. La defendemos y la cuidamos. Pero la queremos para todos y no para algunos. Abogamos y soñamos porque todos puedan tener un título en sus manos, para poder trabajar la tierra con seguridad, con respeto al ecosistema, con responsabilidad ecológica y humana, con justicia intergeneracional, como nos recuerda León XIV en su reciente encíclica».

«No estamos contra la propiedad privada. La valoramos no como un bien absoluto, sino
relativo. ¿Relativo a qué? A la dignidad humana. Lo que es inviolable es la dignidad
de cada persona. Lo que está en juego con esta ley es el principio del destino universal
de los bienes, el reconocimiento de la función social de la propiedad y la ecología
integral. Principios de la Doctrina social de la Iglesia que nos desafían a que nadie
quede afuera del ‘partido’ de la vida, para que todos puedan tomar parte y no la miren desde afuera…», enfatizó el obispo de la Pastoral Social de la Iglesia Católica.

El obispo dijo además que «este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros. La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico». Y. entre otros argumentos, citando ‘Laudato si’, del Papa Francisco, ratificó que «la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico».

Fuente: Época, Episcopado Argentino, Comisión Episcopal de Pastoral Social, Vatican News,