El presidente de la mutual, Osvaldo Armoza, cuestionó con dureza la falta de avances en la causa y reclamó el juicio en ausencia. Ante la mirada de Javier Milei, solicitó reforzar los controles en la Triple Frontera frente a la amenaza terrorista.
Los familiares de las víctimas y los referentes de la comunidad judía volvieron a concentrarse sobre la calle Pasteur para reclamar justicia, al cumplirse un nuevo aniversario del ataque terrorista contra la mutual. El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezó el acto central por el 32° aniversario del atentado y pronunció un discurso marcado por fuertes cuestionamientos al funcionamiento de los tribunales, reclamos para avanzar con el juicio en ausencia y un pedido directo al Gobierno nacional para blindar los límites del país. El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguieron la ceremonia desde las primeras filas junto a sobrevivientes y dirigentes del sector.
Durante el homenaje, que comenzó a las 9:53 con el sonar de la sirena que recordó el momento exacto de la explosión del 18 de julio de 1994, Armoza rindió tributo a quienes sostienen el reclamo desde hace más de tres décadas. El dirigente se dirigió a los allegados de las víctimas y expresó: “Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo”.
El malestar por la parálisis de la causa judicial concentró gran parte de los reclamos de la jornada. El titular de la AMIA fue categórico al describir el estado del expediente: “En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”. En ese sentido, remarcó que la comunidad mantiene viva la demanda frente a “una injusticia que nos quema por dentro”.
Exigencias al Congreso y a los jueces
Para destrabar la situación procesal de los acusados, los representantes de la comunidad insistieron en la necesidad de implementar herramientas legislativas modernas. Armoza planteó que “Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan” y exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva la validez del juicio en ausencia. Sobre este punto, el dirigente apuntó contra las demoras del sistema: “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”.
Las críticas también alcanzaron al juez federal Daniel Rafecas, a quien el titular de la mutual le reclamó apurar los pasos previos al juicio oral. Armoza consideró que “es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, al tiempo que recordó que el Juzgado Federal N° 6 lleva seis años vacante sin un magistrado titular.
La actuación del Ministerio Público Fiscal fue otro de los ejes del discurso. Aunque el dirigente valoró el trabajo del fiscal Sebastián Basso, exigió profundizar la investigación sobre la conexión local y los detalles logísticos del ataque. El presidente de la mutual interpeló a los investigadores con preguntas concretas: “¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?”. Asimismo, calificó el aporte del fiscal Miranda como “absolutamente nulo” y solicitó el nombramiento de funcionarios idóneos.
La pista internacional y el control de fronteras
El documento leído durante el acto ratificó la responsabilidad del régimen de Teherán en la planificación del atentado que dejó 85 muertos. Armoza recordó que la justicia argentina ya estableció la autoría intelectual del hecho: “Detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah”.
Ante este escenario, la conducción de la AMIA solicitó al Poder Ejecutivo que actúe de manera preventiva en las zonas calientes del territorio nacional. El dirigente reclamó “un esfuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile” porque, según advirtió, “la vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”. Finalmente, instó a los países vecinos a unificar posturas contra el extremismo y concluyó que “la colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos”.
