Posadas | La mujer detenida por falsa promesa de empleo público habría estafado a 17 personas por más de $9 millones

La Justicia detuvo a la mujer acusada de cobrar más de $9 millones a 17 personas bajo la promesa de conseguirles empleos públicos. El fiscal René Germán Casals explicó que investigan delitos conexos, bloquearon cuentas y advirtió que la pena podría superar los seis años.

Rene Casals en Radio Up

La investigación contra una mujer acusada de cobrar dinero a cambio de supuestas gestiones para acceder a empleos públicos sumó avances durante los últimos días. La Justicia ordenó su detención, allanó uno de los domicilios vinculados a la sospechosa, secuestró teléfonos celulares y solicitó el bloqueo de las cuentas utilizadas para recibir los pagos.

La causa reúne alrededor de 17 denuncias y un perjuicio económico superior a los 9 millones de pesos. El fiscal de instrucción René Germán Casals explicó que los hechos ocurrieron durante varios meses y señaló que existen otras investigaciones contra la misma persona en distintos juzgados.

“Se trata de un cúmulo de denuncias, en este caso, que están representados por un solo profesional, que son alrededor de 17 presentaciones, 17 personas damnificadas por esta supuesta estafa que se estaría perpetrando, que no es el único antecedente, en cuanto a denuncias que tiene, porque ya están tramitando otras en otros juzgados también sobre la misma imputada”, precisó.

El fiscal aclaró que la mujer no cuenta con condenas firmes por estos hechos, por lo que jurídicamente no corresponde hablar de antecedentes penales. Sin embargo, indicó que existe una reiteración de conductas similares bajo investigación y que en algunos expedientes ya prestó declaración indagatoria.

Casals explicó que solicitó la detención por la dificultad para localizarla, su actitud evasiva ante los reclamos y el riesgo de que continuara con el mismo mecanismo contra otras personas.

“Ella se estaba, entre todo el ardid que había hecho, había hecho hasta reuniones con los damnificados y después directamente desaparecía, hacía caso omiso a los pedidos que realizaban los damnificados, se escondía, cambiaba su teléfono, los bloqueaba. Entonces tenía una actitud evasiva y la posibilidad de que continúe con ese accionar”, sostuvo.

Según detalló, la medida también buscó evitar la aparición de nuevas víctimas. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la difusión del caso podría motivar la presentación de más personas que atravesaron situaciones similares.

La sospechosa recibió el dinero en cuentas propias

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que los pagos ingresaron en cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de la propia investigada. A diferencia de otras maniobras, no se detectó inicialmente el uso de identidades falsas o cuentas de terceros para dificultar el seguimiento del dinero.

“En este tipo de casos a veces se intentan poner billeteras virtuales, cuentas de terceras personas para intentar ocultar el camino hacia el verdadero autor y, en este caso, el hecho es directamente: tenía cuentas personales, billeteras personales, o sea, a su nombre y todo”, señaló Casals.

La investigación no se limitará a una posible estafa. El fiscal explicó que el análisis de las pruebas determinará si la mujer se presentó falsamente como abogada, si invocó un cargo dentro de la administración pública o si aseguró que podía influir sobre funcionarios para obtener los puestos prometidos.

“El encuadre primario que tenemos es sobre una posible estafa, pero podría ser otro tipo de delito en concurso ideal o real, como ser la usurpación de títulos, si fuera o no fuera abogada, que se hacía representar supuestamente por abogada, o con un cargo en una función pública, donde podría haber una tentativa de cohecho inclusive”, advirtió.

Durante el procedimiento, los investigadores se dirigieron a uno de los últimos domicilios que la mujer informó en otros expedientes judiciales. Sus familiares manifestaron que ya no residía allí, aunque posteriormente la sospechosa se presentó en el lugar y quedó detenida.

Analizarán celulares, mensajes y billeteras virtuales

Por el momento, las denuncias apuntan exclusivamente contra la mujer. No obstante, la Justicia analizará si otras personas participaron en la maniobra o colaboraron con ella.

Casals indicó que los peritos examinarán los teléfonos secuestrados, las conversaciones, los correos electrónicos, los comprobantes de transferencia y los movimientos de las billeteras virtuales. El área de Cibercrimen también intervendrá para reunir los datos almacenados en los sistemas informáticos.

“Ahí podría surgir la participación de otro, pero en principio las denuncias apuntan hacia ella”, aclaró.

El fiscal también describió la situación de vulnerabilidad de varias víctimas. Algunas personas solicitaron créditos o vendieron bienes para reunir el dinero exigido, debido a la promesa de acceder a un empleo formal y estable.

“Había gente muy humilde. Hay gente que lastimosamente intentó conseguir créditos para pagar eso, eso es lo que ellos denuncian, o vender bienes para poder lograr juntar esa plata que le exigía para esa promesa de lograr un mayor bienestar”, relató.

La Fiscalía solicitó el bloqueo de todas las cuentas identificadas durante la investigación. Sin embargo, Casals aclaró que todavía no se secuestró dinero relacionado directamente con las denuncias.

Los fondos que logren detectar e identificar podrán restituirse oportunamente a las víctimas. Los damnificados también tendrán la posibilidad de constituirse como actores civiles dentro del proceso penal o iniciar una demanda autónoma para reclamar una reparación económica.

“Lo que se pueda detectar, que se pueda recuperar y que esté identificado, podrá ser oportunamente restituido a la víctima. Y lo que no, será sujeto después de unas acciones que por parte de los damnificados puedan hacerlo dentro del mismo proceso penal”, explicó.

La pena podría superar los seis años

El delito de estafa contempla una pena máxima de seis años de prisión. Sin embargo, el fiscal sostuvo que la existencia de 17 denuncias podría configurar un concurso real de delitos y elevar considerablemente la expectativa de condena.

“El Código prevé que, en el momento de dictarse una sentencia, de estar comprobados todos los hechos, podría darse una sumatoria de esas penas, llegando a un tope máximo de 50 años. La pena puede ser mucho más alta que los seis años, porque no es solo un hecho, sino varios concursos reales de hechos que generan una sumatoria de las penas”, afirmó Casals.

La investigación continuará con el análisis del material secuestrado, el seguimiento de los movimientos financieros y la incorporación de las pruebas aportadas por las personas denunciantes.