Condenaron a cinco años de prisión a Julio De Vido y José López por el caso Skanska

El Tribunal Oral Federal Número 4 dictó la sentencia contra los exfuncionarios nacionales por cohecho pasivo y administración fraudulenta. La causa investigó el cobro de sobornos y sobreprecios para la ampliación de dos gasoductos mediante el uso de facturas apócrifas.

El Tribunal Oral Federal Número 4 condenó a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López. La Justicia los halló culpables por el caso Skanska, que constituyó el primer gran escándalo de corrupción que salpicó a la gestión kirchnerista. El veredicto determinó que ambos exfuncionarios cobraron coimas para direccionar la ampliación de los gasoductos Norte y Sur en el año 2004.

Junto a ellos, los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez condenaron a la misma pena a Néstor Ulloa, quien se desempeñó como gerente general de Nación Fideicomisos S.A. Asimismo, el tribunal dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los implicados, tal como lo requirió el fiscal federal Abel Córdoba. Los delitos que les atribuyeron son cohecho pasivo y administración fraudulenta.

La lectura del fallo se realizó de forma virtual. De Vido siguió la audiencia desde su domicilio en la localidad bonaerense de Zárate, donde cumple arresto domiciliario, mientras que López escuchó la resolución desde el penal de Ezeiza. El caso Skanska se remonta a los primeros años del mandato de Néstor Kirchner, cuando la constructora de origen sueco pagó retornos y sobreprecios que luego ocultó a través de un circuito de facturas falsas que emitieron más de veinte empresas fantasma por servicios inexistentes.

El origen de la investigación judicial

La prueba clave que reactivó el expediente fue una grabación interna de la propia compañía. En ese audio, el exejecutivo Javier Azcárate le admitió al exsíndico Claudio Corizzo que la firma realizó pagos ilegales para garantizarse la adjudicación de las obras de los gasoductos. Cuando el juez federal Sebastián Casanello elevó la causa a juicio oral en el año 2019, describió con precisión la maniobra delictiva.

El magistrado remarcó que las maniobras contaron con la complicidad estatal:

“La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento”.

Casanello también detalló el mecanismo que utilizaron para blanquear los desvíos de fondos:

“Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”.

Finalmente, el juez expuso el impacto que estas acciones tuvieron sobre el erario público y señaló:

“Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno”.