El encuentro en Buenos Aires entre el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, y los representantes de la cuenca yerbatera consolidó la postura de la administración central de no intervenir en el mercado. La comitiva provincial asistió al despacho oficial con el objetivo de acordar herramientas que mitiguen el impacto de la desregulación, pero regresó con una profunda preocupación por la falta de respuestas institucionales. Las autoridades nacionales negaron cualquier posibilidad de retornar a los mecanismos de fijación de precios mínimos para la hoja verde, una decisión que desató el malestar de los delegados de la producción.
El subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Ricardo Maciel, compartió en diálogo con Primer Día, programa del stream de Misiones Online y Radio Libertad, sus sensaciones que dejó la audiencia y relató el tenso cruce con el funcionario nacional: “Traer el tratar con tanto desinterés o desprecio a una de las principales matrices productivas del país genera mucha bronca. En nuestra casa nos están diciendo que no hay ninguna intención o ninguna línea de salida en ayuda a una economía regional y textual fue la frase de Sturzenegger, dice: ‘Vos defendés a los productores, pero yo mi deber es defender a 47 millones de argentinos’, o sea de consumidores”.
Ante este argumento, la representación de los trabajadores de la tierra confrontó la lógica oficial y remarcó que el eslabón primario carece de influencia en el valor que abona el público en los supermercados. Maciel afirmó que los productores de ninguna manera son formadores de precios en góndola, pues “no se le puede estar echando la culpa de la situación de la góndola o de la inflación al colono cuando él ni siquiera puede estar cubriendo su propio costo o su propio gasto”.
La discusión sumó tensión cuando los dirigentes expusieron la disparidad de criterios que aplica el Ejecutivo nacional entre los diferentes sectores de la economía. El subsecretario describió la intervención del director de la producción, Roberto Ferreira, quien cuestionó la supuesta protección al bolsillo de la población: “Ferreira le decía que mil o dos mil pesos no le cambian el presupuesto al consumidor para mejorar a los productores, que no es un impacto importante. Sturzenegger le respondió que aunque sea mil pesos, es un importe importante, y Roberto le contestó: ‘Lástima que no hicieron ese mismo esquema con la carne. ¿A quién cuidó el consumidor de carne? Y sin embargo, para una economía regional como la nuestra, se está haciendo todo este ajuste’”.
El conflicto de fondo radica en la asimetría estructural de la actividad, donde miles de agricultores minifundistas deben entregar su materia prima a un puñado de firmas molineras que manejan el negocio. El subsecretario detalló que “es muy difícil que el libre mercado sea justo cuando hay miles de pequeños productores ofreciendo un producto y hay cinco o seis empresas concentradas que compran. Dentro de ese marco, no hay una libertad o un poder de negociación que pueda permitir negociar en iguales condiciones”.
Según el diagnóstico, “lo que hoy ocurre es una imposición de precio” donde el sector industrial ajusta hacia abajo la canchada y el secadero traslada esa pérdida al colono.
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Esta presión económica se desplaza en forma de cascada hasta alcanzar al eslabón más vulnerable de la cosecha. El funcionario advirtió que el siguiente perjudicado es el tarefero. Maciel señaló que “hoy se está pagando a la mitad de lo que por ley está fijado por el hecho de que el productor no recibe lo que corresponde”.
Además, el mandatario alertó sobre las secuelas a largo plazo de esta política en los pueblos rurales, donde ya se observa una paralización de las tareas culturales en los campos y ofertas de venta de chacras, lo que empuja a los cosechadores hacia un éxodo laboral hacia el Brasil.
La posición de la provincia chocó también con la connivencia de la gran industria y de las autoridades de la vecina jurisdicción correntina, quienes respaldaron explícitamente el rumbo adoptado por la Casa Rosada. El titular del agro misionero apuntó contra el representante de la Cámara Molinera, Rubén Henrikson, y manifestó que “demostraron que esta política nacional beneficia a un sector exclusivamente”. Maciel criticó la postura empresarial al asegurar que evidenciaron “cero empatía por sus proveedores” al solicitar que se mantenga el escenario de desregulación vigente.
Por otro lado, según Maciel, el Ejecutivo nacional pondera la relevancia de las actividades según su capacidad de exportación: “Claramente hay un país central, un gobierno nacional que mira otros números, otra mirada, y a todo lo que es la estructura productiva regional como que no le interesa. No le interesa todo lo que no tiene impacto numérico en lo económico. Ven como que si son pequeños productores, que son minifundistas, que son en una economía, una provincia chica, es como que si eso no genera dólares, es como que no existimos”.
El subsecretario advirtió sobre el impacto directo que la crisis de precios provoca en la propiedad de la tierra y alertó sobre la aparición de ofertas de venta de chacras en distintos puntos de la provincia. “El productor en un cultivo perenne, como la yerba mate, no es como el productor de grano o sojero que de un año a otro puede cambiar y decidir si cambia de cultivo. La yerba te lleva cinco años de cuidado para tener la primera cosecha, y si no tenés los recursos para las labores culturales mínimas, el yerbal pierde rendimiento y cae en la relación de bajo rendimiento y bajo precio”, diferenció Maciel.
De este modo, el referente de la cartera agraria defendió la necesidad de restituir las potestades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y corrió el velo de los cuestionamientos ideológicos del Gobierno nacional, para develar que “es erróneo pensar que el Estado fijaba el precio”.
Ante esto, sostuvo que “lo que quitaron es un marco legal en donde obligaban a las partes, compradores y vendedores de la actividad privada, a que se sienten en una misma mesa a discutir, y si no había acuerdo, la Nación arbitraba”, por lo cual ratificó que la provincia no abandonará la vía política ni legal para recuperar las funciones del organismo de control.
El funcionario analizó la polarización política que divide a las chacras y pidió separar la interna partidaria de las necesidades urgentes del sector: “Esta situación es muy rara porque se da como que si vos estabas de acuerdo con la desregulación, estás en contra de un partido gobernante, o si estás a favor de recuperar las facultades del INYM, es en contra de un partido gobernante. Muchos productores también están en esa misma lógica; cuando tenemos que pensar la cuestión partidaria discutámoslo por otra línea, pero juntémonos todos a pensar qué es lo mejor para el sector yerbatero”
Para el cierre, Maciel proyectó el futuro del conflicto hacia el terreno electoral: “Es fundamental no abandonar esta lucha de recuperar estas facultades, esto lo tenemos absolutamente claro. Esto se generó a partir también de unos votos, y Nación considera que esos votos que la provincia dio en acompañamiento le da suficiente respaldo para este tipo de decisiones. Estará el año que viene poder discutir si queremos profundizar esta crisis o generar alguna otra vía a través del voto que genere un mejor escenario para lo que se viene”.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
