“Cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia”: abogado explicó los cambios que propone la reforma procesal penal en Misiones

El abogado penalista Federico Tilli explicó que la reforma del Código Procesal Penal de Misiones busca acelerar las causas mediante audiencias orales, separar las funciones de fiscales y jueces, limitar las prisiones preventivas y promover acuerdos que permitan resolver conflictos sin llegar necesariamente a juicio.

La reforma del Código Procesal Penal que se encuentra en tratamiento en Misiones propone reemplazar el actual esquema predominantemente escrito por un sistema acusatorio, basado en audiencias orales y en una división más clara de las funciones que cumplen fiscales, jueces y defensores.

Tilli explicó que el cambio apunta, principalmente, a reducir los extensos plazos que atraviesan numerosas causas judiciales en la provincia. Según sostuvo, las demoras perjudican tanto a las víctimas como a los imputados, los profesionales y los propios integrantes del Poder Judicial.

“Vamos a hacer una transición o lo que se está debatiendo es la transición de un sistema muy anticuado, que es un sistema inquisitivo con muy poca oralidad y que también se ha traducido en inconvenientes en la justicia, en el retardo de la justicia. O sea, hoy creo que es una opinión ya generalizada y pública de la disconformidad del pueblo misionero en los tiempos que se manejan para la resolución de casos”, afirmó.

El letrado mencionó causas que tardaron más de una década en llegar a juicio y advirtió sobre las consecuencias de las prisiones preventivas prolongadas. En algunos casos, señaló, las personas permanecieron privadas de su libertad durante varios años y luego resultaron absueltas.

“Cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia. Y esto implica a las víctimas, implica a los operadores del derecho, implica por los honorarios, implica a los jueces porque cambian, se jubilan algunos, implica a fiscales, implica a imputados que están siendo sometidos a una investigación y pareciera ser que el Estado, de manera eterna, te tiene sometido”, expresó.

Audiencias orales y resoluciones inmediatas

Uno de los principales cambios consistiría en la incorporación de audiencias orales para resolver pedidos de pruebas, medidas cautelares y planteos de las defensas. De esta manera, las partes expondrían sus argumentos ante un juez, quien debería tomar una decisión en el mismo acto o dentro de un plazo excepcional de 24 horas en los casos complejos.

Tilli explicó que el fiscal deberá fundamentar por qué solicita una medida de coerción, como la prisión preventiva y precisar durante cuánto tiempo considera necesaria la privación de la libertad.

“Ahora el código, o el texto de la norma, exige a los fiscales decir: ‘Cuánto tiempo requerís que esta persona esté privada de su libertad y por qué’. O sea, ahí se va a poner el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la investigación, es decir, que el imputado pueda tener contacto con las víctimas o pueda profugarse del accionar de la justicia”, indicó.

El abogado aclaró que el proyecto todavía no entró en vigencia y que permanece sujeto al tratamiento de la Cámara de Representantes. También señaló que la propuesta surgió de instancias de diálogo entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y representantes de la abogacía provincial.

El fiscal investigará y el juez controlará

El nuevo esquema establecería una separación más estricta entre las tareas de investigación y decisión. La investigación quedaría a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que los magistrados actuarían como jueces de garantías.

“El juez no investiga y lo deja únicamente para decidir si una cosa está bien o está mal. Ahora se pasan a llamar jueces de garantías, es decir, que van a intentar poner un límite, o están para poner un límite a la investigación que hace el fiscal”, explicó.

En este modelo, los fiscales reunirían las pruebas y formularían la acusación. Los jueces controlarían que las medidas solicitadas respeten la ley y las garantías de las personas involucradas.

La modificación también obligaría a los abogados defensores a construir sus propios legajos de investigación. Tilli advirtió que este punto podría generar una desigualdad práctica, ya que el Ministerio Público cuenta con el respaldo de la Policía para localizar testigos y producir determinadas pruebas.

“Eso es un gran problema que podemos tener los abogados que ejercemos, porque no es el mismo peso que va a tener el pedido de un defensor particular sobre la producción de una prueba que sí lo puede tener el Ministerio Público”, planteó.

Acuerdos y alternativas al juicio

La reforma también impulsaría el uso de herramientas como la conciliación, la reparación integral, el criterio de oportunidad y la suspensión del juicio a prueba. Estas alternativas permitirían resolver ciertos conflictos sin atravesar un debate oral completo, siempre que los acuerdos resulten legales y razonables.

Tilli aclaró que varias de estas figuras ya existen en la legislación actual, aunque el nuevo sistema promovería una utilización más frecuente para evitar demoras innecesarias.

“Pareciera ser que este sistema nos invita a dialogar y a buscar alternativas al juicio propiamente dicho. Y eso lo que va a traer aparejado es la resolución del conflicto en mucho menor tiempo, en lugar de que únicamente vayamos todos los casos a juicio”, sostuvo.

Entre los ejemplos, mencionó delitos patrimoniales en los que el acusado puede devolver lo sustraído y ofrecer una reparación, así como determinados siniestros viales sin agravantes. En estos casos, un acuerdo entre las partes podría extinguir la acción penal.

Sin embargo, remarcó que no cualquier convenio deberá homologarse automáticamente. El juez de garantías tendrá que analizar el interés público, la gravedad del hecho y la razonabilidad de la solución propuesta.

“Los jueces tampoco son escribanos, no es que cualquier acuerdo se puede arreglar. ¿Cuál es el límite razonable o legal que puede poner un juez de garantías? Es decir, esto es conciliable, esto no, esto es reparable o esto no”, opinó.

Para Tilli, el cambio de sistema exigirá una transformación profunda en la forma de trabajar de fiscales, defensores y magistrados. La aplicación efectiva dependerá no solo de la aprobación de la norma, sino también de los recursos disponibles, la capacitación de los operadores y la capacidad institucional para sostener audiencias ágiles y garantizar igualdad entre las partes.