El Gobierno boliviano mantendrá sin cambios los valores de la gasolina, el diésel, el gas natural vehicular y otros carburantes durante un año. Al finalizar ese período, comenzará a aplicar una fórmula vinculada con el precio internacional del petróleo y la cotización del dólar.
El Gobierno de Bolivia dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles durante los próximos 12 meses, mientras prepara la implementación de un nuevo mecanismo de actualización que tendrá en cuenta la cotización internacional del petróleo y el valor promedio del dólar.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5652, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, que modificó diferentes disposiciones del Decreto Supremo 5516, aprobado en enero de 2026.
Durante el período establecido, la gasolina especial continuará comercializándose a 6,96 bolivianos por litro, mientras que el precio del diésel permanecerá en 9,80 bolivianos. Los valores no sufrirán modificaciones durante los próximos 12 meses.
La decisión también alcanzará al gas natural vehicular (GNV), que no estaba incluido originalmente en el régimen transitorio. Además, la disposición comprende al gas licuado de petróleo (GLP), otros combustibles y las gasolinas utilizadas por la aviación.
El objetivo oficial es sostener temporalmente los precios mientras el país avanza con una reestructuración de su política energética. La medida se adoptó en un contexto marcado por el aumento del costo de las importaciones de combustibles, la presión sobre las cuentas públicas y las modificaciones implementadas en el sistema cambiario.
Una vez concluido el período de congelamiento, los precios internos comenzarán a calcularse mediante una fórmula que combinará el costo internacional de adquisición de los combustibles en dólares, el tipo de cambio promedio registrado durante el mes anterior y un denominado “factor de ajuste”.
Ese factor surgirá de dividir el valor de 10,4003 por el tipo de cambio promedio mensual. De acuerdo con la norma, el mecanismo permitirá que el Estado continúe absorbiendo una parte del costo cuando la cotización oficial del dólar supere ese nivel.
De esa manera, el Gobierno conservará un componente de subsidio destinado a reducir el impacto que una eventual suba de los precios internacionales o del dólar podría provocar sobre los consumidores.
La disposición modificará el esquema que Bolivia comenzó a implementar hacia finales de 2025, cuando inició el desmantelamiento gradual del sistema de cambio fijo que se encontraba vigente desde 2011 y avanzó hacia un régimen de mayor flexibilidad cambiaria.
Ese proceso obligó a las autoridades a revisar la forma en que se determinan los precios internos de los combustibles, especialmente ante la diferencia entre los valores de venta al público y el costo que debe afrontar el Estado para importarlos.
El decreto también autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a transferir hasta 1.000 millones de dólares a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los fondos serán utilizados para cubrir la diferencia entre los costos de importación de los combustibles y el precio de paridad internacional, con el propósito de garantizar el abastecimiento del mercado interno.
La cartera económica también podrá autorizar partidas adicionales, incluso en moneda boliviana, cuando las necesidades financieras de YPFB lo requieran. Para ello, deberá contar con la correspondiente certificación del Ministerio de Hidrocarburos o del organismo regulador competente.
La decisión forma parte de un proceso más amplio de reforma del sector energético, que contempla nuevas normas para las áreas de hidrocarburos, electricidad e inversiones. El Gobierno busca reducir las distorsiones económicas generadas por el creciente costo de los subsidios sin trasladar de manera inmediata ese impacto a los consumidores.
