Un repaso a las metas alcanzadas por la Casa Rosada en desregulación y equilibrio fiscal, en contraste con las asignaturas pendientes que golpean el federalismo, como la coparticipación y el reparto de fondos.
Este 9 de julio se cumplen exactamente dos años de aquella postal en la Casa de Tucumán, donde el presidente Javier Milei, junto a 18 gobernadores —entre ellos el bloque de mandatarios dialoguistas del NEA y el resto del país—, firmaba el Pacto de Mayo. Concebido originalmente como la piedra angular del modelo libertario para refundar la economía y las instituciones del país, el documento de 10 puntos muestra hoy un balance dispar: importantes avances en reformas estructurales, pero deudas clave que mantienen bajo presión las arcas provinciales.
Tras el trabajo del Consejo de Mayo (que funcionó durante el segundo semestre de 2025 para traducir los enunciados en proyectos de ley), la Casa Rosada exhibe con orgullo varios casilleros con el tilde de «cumplido». Sin embargo, el costo de las metas macroeconómicas abrió discusiones profundas sobre el federalismo fiscal.
Las metas cumplidas por el oficialismo
Entre los puntos más sólidos para el Ejecutivo se destaca la reforma laboral. La legislación, fuertemente debatida con bloques aliados y las provincias, logró luz verde parlamentaria y fue promulgada a comienzos de marzo de este año, marcando un hito en la desregulación que pretendía el Pacto.
Por otra parte, el postulado de que «el equilibrio fiscal es innegociable» se mantiene firme en los papeles. El Ministerio de Economía reportó recientemente que mayo cerró con un superávit primario de $1,9 billones y un financiero de $478.000 millones. Asimismo, el impulso a la explotación de recursos naturales —otro de los mandatos del documento— avanza con fuerza gracias a la adhesión de 16 provincias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dinamizando la minería y el sector energético.
En materia de apertura comercial, el INDEC arrojó para mayo un superávit de u$s3.504 millones. No obstante, en este punto la city y el sector industrial advierten por efectos colaterales en la economía real, asociados a una merma de la actividad fabril y suspensiones de capacidad instalada.
La contraparte: el «ahogo» a las cajas provinciales
La contracara del éxito fiscal de la Nación es, justamente, la realidad financiera de los distritos del interior. Analistas económicos y consultoras especializadas remarcan que el superávit de la administración central no se debe a un crecimiento de los recursos, sino a una brutal contracción del gasto público, transfiriendo el peso del ajuste a las provincias.
Según los datos de Politikon Chaco y el IARAF, la caída de los recursos federales se siente fuerte en las regiones productivas:
Fondos discrecionales al mínimo: Las transferencias no automáticas de Nación a las provincias sufrieron un desplome real superior al 87% interanual en el mes de junio, marcando uno de los registros más bajos en dos décadas. Estos envíos incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y programas específicos de asistencia.
Coparticipación en baja: Los giros por coparticipación neta cayeron en términos reales un 8,4% en junio, arrastrados principalmente por el retroceso en la recaudación del Impuesto a las Ganancias (-14,2%) y el IVA (-4,1%), reflejo directo del nivel de consumo interno.
Las grandes deudas pendientes
El análisis a dos años deja en evidencia que los puntos que requerían reformas impositivas y previsionales profundas siguen congelados:
Reforma Tributaria y Coparticipación: Los puntos del Pacto que exigían reducir la presión fiscal y rediseñar la coparticipación federal para terminar con «el modelo extorsivo» siguen siendo solo intenciones. Aunque gobernadores de distintas escuderías políticas insisten en sentarse a negociar un nuevo «pacto fiscal», todavía no hay un proyecto firme en el Congreso.
Gasto Público sobre el PBI: La meta de reducir el gasto público a niveles históricos cercanos al 25% del PBI aún está lejos. Los registros de cierre del período anterior lo ubicaron en torno al 31,4%.
Propiedad Privada: El proyecto que buscaba blindar por ley la «inviolabilidad de la propiedad privada» fue postergado recientemente en el Senado y la Casa Rosada buscará reimpulsarlo en el corto plazo.
A la mitad de su mandato, Javier Milei demostró capacidad para sostener el rumbo desregulador y el torniquete fiscal que firmó con los gobernadores en Tucumán. Sin embargo, la sustentabilidad del modelo en el tiempo dependerá de resolver las asignaturas pendientes con las provincias, que hoy sostienen los servicios esenciales de salud, educación y seguridad con ingresos visiblemente recortados.
Fuente Ámbito Financiero
