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A casi tres meses de la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de Glaciares, el debate por los cambios introducidos a la normativa continúa en la Justicia. Organizaciones ambientalistas mantienen una ofensiva judicial para frenar su aplicación y advierten que la nueva legislación podría facilitar el desarrollo de proyectos mineros en zonas hasta ahora protegidas.
La modificación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril y promulgada el 24 de abril mediante el Decreto 271/2026, dando origen a la Ley 27.804. Tras su sanción, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsaron una campaña nacional que reunió cerca de 900.000 firmas para respaldar una demanda colectiva presentada ante la Justicia.
La acción judicial fue presentada el 5 de mayo con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda la aplicación de la reforma y mantenga vigente la Ley 26.639, considerada por las organizaciones como un marco de protección más amplio para los glaciares y el ambiente periglacial. La iniciativa también recibió el apoyo de la exdiputada Marta Maffei, impulsora de la ley original, además de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales y territoriales.
Objeciones a la nueva normativa
Las entidades ambientalistas sostienen que la reforma modifica de manera significativa el criterio de protección de los glaciares. Según Greenpeace, mientras la legislación anterior resguardaba todos los glaciares y el ambiente periglacial bajo un enfoque preventivo, el nuevo texto condiciona esa protección a que se demuestre la existencia de funciones hídricas relevantes.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de que las provincias soliciten excluir determinadas geoformas del Inventario Nacional de Glaciares. De concretarse, sectores que actualmente cuentan con protección legal podrían quedar habilitados para actividades productivas.
En ese contexto, la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, señaló que los cambios introducidos por la reforma reducen las garantías de conservación sobre reservas estratégicas de agua dulce.
El Proyecto Vicuña, eje de la controversia
El reclamo judicial tiene como principal referencia el Proyecto Vicuña, un emprendimiento de extracción de cobre, oro y plata que se desarrolla en San Juan y está a cargo de las empresas BHP y Lundin.
La polémica se intensificó luego de que el proyecto fuera incorporado el 16 de junio al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas en un área donde se encuentra el glaciar de escombros GE110, registrado actualmente en el Inventario Nacional de Glaciares.
Las organizaciones ambientalistas advierten que, con las facultades previstas en la reforma, ese glaciar podría ser excluido del inventario oficial, lo que abriría la posibilidad de avanzar con actividades mineras en un sector que hasta ahora permanece protegido.
Nuevas presentaciones judiciales
Greenpeace informó que, durante un sobrevuelo realizado en febrero, detectó intervenciones mineras en áreas que se encontraban protegidas por la legislación vigente en ese momento.
Frente a ese escenario, el 23 de junio presentó una segunda medida cautelar para impedir cualquier modificación del estatus del glaciar GE110 hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
Las organizaciones que impulsan la demanda sostienen que es necesario un pronunciamiento judicial urgente para evitar intervenciones sobre glaciares y ambientes periglaciales que, según advierten, podrían ocasionar daños irreversibles.
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