El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el modelo vigente en Estados Unidos. La iniciativa busca impedir que se siga gastando una vez agotadas las partidas presupuestarias autorizadas y forma parte de un paquete de reformas que también incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.
El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno nacional trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el sistema que rige en Estados Unidos cuando se agotan o vencen las partidas presupuestarias. La iniciativa apunta a limitar el gasto público cuando se consuman los recursos autorizados y, según explicó el mandatario, implicaría un “apagón” del Estado en aquellas áreas no esenciales.
“Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, afirmó Milei durante una entrevista, al anticipar el proyecto que impulsa el Ejecutivo.
La definición surgió mientras el Presidente explicaba los alcances de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno ya cuenta con una “versión unificada” de la iniciativa y cuestionó el funcionamiento actual de la autoridad monetaria, al que calificó como “un insulto al intelecto” por tener “cinco objetivos” de política económica.
En esa línea, Milei adelantó que el proyecto buscará prohibir de manera explícita que el Banco Central financie al Tesoro, incorporando incluso sanciones penales para quienes incumplan esa disposición.
“¿Emitir podría ser penado? Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo el Presidente, quien agregó que esa reforma podría apoyarse en artículos ya existentes del Código Penal.
Durante la misma entrevista, el mandatario vinculó la independencia del Banco Central con una regla más estricta para el manejo de las cuentas públicas. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, señaló. Consultado sobre si ese mecanismo sería impulsado mediante una ley, respondió: “Sí, estamos trabajando en ello”.
Qué es un shutdown en Estados Unidos
En Estados Unidos, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento. En esos casos, las agencias federales que se quedan sin recursos deben suspender sus actividades no esenciales, mientras que los servicios considerados críticos continúan funcionando.
El antecedente más recordado tuvo lugar durante la primera presidencia de Donald Trump. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el gobierno federal permaneció parcialmente cerrado durante 35 días debido a la falta de acuerdo sobre el financiamiento del muro fronterizo con México. La medida afectó a unos 800.000 empleados federales, entre trabajadores suspendidos y personal esencial que continuó prestando servicios sin percibir salarios durante ese período.
De acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, aquel cierre demoró un gasto federal estimado en 18.000 millones de dólares y provocó una reducción de la actividad económica de aproximadamente 11.000 millones de dólares. Aunque gran parte del impacto fue recuperado posteriormente, alrededor de 3.000 millones de dólares se perdieron de manera permanente.
El tema volvió a cobrar relevancia entre octubre y noviembre de 2025, cuando Estados Unidos atravesó un shutdown de 43 días, considerado el más extenso de su historia. Según reportaron agencias internacionales, el cierre afectó el pago a cientos de miles de empleados federales, generó demoras en vuelos, complicó programas de asistencia alimentaria y paralizó parcialmente distintos servicios públicos.
En 2026 también se registró un cierre parcial más breve, de cuatro días de duración, que fue resuelto tras la aprobación de una nueva ley de financiamiento.
Cómo podría aplicarse en Argentina
En Argentina, la implementación de un mecanismo similar requeriría la aprobación de una ley específica, ya que el sistema vigente no contempla un apagón automático del Estado cuando no se aprueba el Presupuesto.
La Ley de Administración Financiera establece que, si al inicio de un nuevo ejercicio no existe una ley de Presupuesto sancionada, continúa vigente la del año anterior con los ajustes correspondientes. Asimismo, dispone que las cuentas presupuestarias se cierran el 31 de diciembre y que, una vez vencido ese plazo, no pueden asumirse nuevos compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio anterior.
Por ese motivo, la variante local que analiza el Gobierno apuntaría a impedir que el Poder Ejecutivo continúe comprometiendo o devengando gastos cuando una partida presupuestaria se agote, salvo en aquellas áreas exceptuadas o vinculadas a servicios esenciales. En los hechos, implicaría adaptar al sistema argentino una regla similar al cierre por falta de autorización presupuestaria que existe en Estados Unidos, aunque respetando las particularidades del régimen local, donde la prórroga del Presupuesto evita, hasta el momento, una paralización automática de la administración pública.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
