La Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela ordenó suspender el proceso de liquidación fragmentada de los activos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, al hacer lugar a un recurso de queja presentado por la firma Fidulac S.A., del empresario Gustavo Scaglione.
El proceso de liquidación de los activos de la histórica láctea SanCor sumó un nuevo y determinante capítulo en los tribunales santafesinos. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Rafaela, dictó una resolución con fecha del 3 de julio de 2026 en la que hizo lugar al recurso de queja interpuesto por la firma Fidulac S.A.
Con esta medida, el tribunal concedió con efecto suspensivo los recursos de apelación y nulidad que la empresa de Gustavo Scaglione había presentado contra la resolución que aprobaba el pliego de licitación de los activos. De esta manera, el cronograma que buscaba vender las plantas productivas y las marcas a inversores privados quedó completamente paralizado.
El conflicto procesal que derivó en este fallo de alzada comenzó formalmente el 19 de junio, cuando Fidulac interpuso un recurso de revocatoria con nulidad y apelación en subsidio contra la resolución 270. Dicha resolución, emitida el 11 de junio por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, era la encargada de fijar los valores base de los lotes del 1 al 7 y establecer los plazos de la licitación.
Sin embargo, el 26 de junio, el juez de primera instancia declaró inexistente el escrito de la firma de Scaglione argumentando que el documento contenía una firma de tipo electrónico en lugar de una firma ológrafa del apoderado, lo que constituyó una denegación implícita del reclamo. Ante esto, Fidulac acudió directamente a la Cámara mediante un recurso directo, señalando que la invalidez otorgada a la firma electrónica vulneraba el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
Más allá del debate formal sobre la validez de la firma, el reclamo de fondo de Fidulac apunta a modificar la estrategia de enajenación de la empresa. La firma argumenta que, según el artículo 204 de la Ley de Concursos y Quiebras, la primera alternativa ante una quiebra debe ser la venta de la empresa como una unidad económica integral, dejando la fragmentación por lotes como una opción puramente subsidiaria que requiere una justificación expresa que el juzgado no realizó.
El pliego suspendido proponía un esquema de división en siete lotes por un precio mínimo total de USD 52,1 millones, distribuidos en USD 27,4 millones para las seis plantas industriales y USD 24,7 millones para el paquete marcario, el cual asignaba USD 18,7 millones a la marca principal y USD 6 millones a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores. Esta división había atraído el interés de firmas competidoras como Savencia (dueña de Milkaut), Adecoagro (fabricante de Las Tres Niñas), Punta del Agua, Elcor (marca La Tonadita) y La Tarantela.
Con la reciente resolución de la Cámara de Apelaciones, el expediente principal deberá ser elevado por el juzgado de primera instancia para que el tribunal de alzada evalúe detalladamente el fondo de los recursos de apelación y nulidad. Los camaristas aclararon que otorgar el efecto suspensivo no implica adelantar una postura o darle la razón definitiva a Fidulac, sino habilitar la revisión obligatoria de una resolución de trascendental importancia cuyas consecuencias económicas y operativas podrían volverse irreversibles si continuaba ejecutándose.
Mientras se define el destino judicial de los activos, el freno a la licitación coincide con un panorama laboral alarmante para SanCor. La compañía láctea acumula 60 días de parálisis total desde que se firmó la quiebra a mediados de abril de este año, período en el cual los salarios dejaron de abonarse de forma regular.
La crisis socioeconómica de la firma se profundizó drásticamente la semana pasada, cuando se concretó la desvinculación de 736 empleados sobre un total de 914 que registraba la empresa al inicio del proceso concursal. En la actualidad, solo se preservan 178 puestos de trabajo que fueron acordados entre el gremio y el juez Marcelo Gelcich con el único fin de mantener en condiciones operativas las seis plantas que aún pertenecen a la cooperativa.
(Con información de Infobae)
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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