La coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, afirmó que el sector continúa en una situación de “incertidumbre y emergencia” por las demoras en los pagos a prestadores, la entrega de medicamentos y ayudas técnicas, además de las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad para sostener tratamientos, traslados y actividades cotidianas.
Antúnez explicó que, aunque Nación realizó algunos pagos, estos no alcanzaron a regularizar la deuda acumulada. Según indicó, todavía existen compensaciones correspondientes a 2024 que no fueron abonadas a prestadores vinculados al sistema de discapacidad.
“La situación sigue siendo de incertidumbre y de emergencia. Nación estuvo haciendo algunos pagos, pero muy aleatorios y no fue en su totalidad. Inclusive hasta el momento está adeudando compensaciones del año 2024 a los prestadores”, señaló.
La funcionaria remarcó que las demoras también alcanzan a recursos del programa Incluir Salud, como la provisión de medicamentos y ayudas técnicas. “La situación ya viene arrastrando un problema de hace muchos años, de casi tres años de esta gestión, que genera demoras de todo tipo. Esto impacta en la prestación de servicio y en la calidad del servicio que se ofrece”, sostuvo.
Uno de los sectores más afectados es el del transporte especializado para personas con discapacidad. Antúnez advirtió que muchos prestadores dejaron de brindar el servicio o comenzaron a diversificar sus actividades debido a que no pueden sostenerse únicamente con los pagos vinculados a esta prestación. “Cuando hay tres, cuatro o cinco meses de demora en el pago, eso ya se vuelve una situación insostenible. Con los aumentos de combustibles, de servicios y la baja de las ventas, muchos emprendedores deciden dejar el rubro directamente”, expresó.
La coordinadora señaló que esta situación afecta de forma directa a las familias, especialmente a quienes requieren vehículos adaptados para llegar a centros de rehabilitación, talleres o espacios de atención.
Pensiones restituidas por medidas judiciales
En relación con las pensiones no contributivas por discapacidad, Antúnez explicó que las suspensiones aplicadas por el Gobierno nacional derivaron en distintas instancias judiciales. Indicó que una medida cautelar obligó a restituir los beneficios mientras se resuelven los procesos de fondo.
La funcionaria cuestionó que algunas bajas se hayan producido por cuestiones administrativas, como la inasistencia a una citación, sin una evaluación médica que determine que la persona ya no cumple con los requisitos para acceder al beneficio.
“Es un derecho adquirido. Para quitar una pensión se tiene que demostrar que la causal por la cual la persona accedió ya no existe. No puede darse de baja por una cuestión administrativa”, manifestó.
También se refirió al caso de la radiografía de un perro que fue exhibida durante una conferencia nacional como ejemplo de una supuesta pensión otorgada de manera irregular. Antúnez afirmó que esa situación no correspondía a un beneficio aprobado, sino a una irregularidad detectada durante el proceso de evaluación que derivó en el rechazo del trámite.
“Se usó algo que era mentira para instalar la idea de que todas las personas con discapacidad o quienes buscan una pensión son corruptas. Nadie está en desacuerdo con que haya controles, pero deben realizarse con profesionales, accesibilidad y sin afectar a quienes realmente necesitan el beneficio”, planteó.
Reclamo por menos burocracia
Antúnez también cuestionó la reiteración de controles y documentación solicitada a personas con discapacidades irreversibles o permanentes. Consideró que el Certificado Único de Discapacidad debería tener mayor peso para evitar trámites repetitivos y situaciones de revictimización. “Cuando hay una discapacidad irreversible, debería ser suficiente el certificado para respaldar esa condición en los diferentes trámites. Es necesario desburocratizar los procesos para que las personas no tengan que estar justificando todos los meses una situación que no va a cambiar”, indicó.
Finalmente, confirmó que no hubo modificaciones en la gratuidad del transporte para personas con discapacidad. Aclaró que Nación retiró compensaciones económicas destinadas a empresas, pero mantiene vigente la obligación de garantizar pasajes gratuitos.
