El Poder Judicial provincial reunió a organismos vinculados con educación, salud y reintegración social para definir protocolos y mecanismos de coordinación antes de la entrada en vigencia de la Ley N.º 27.801, prevista para septiembre.
El Poder Judicial de Misiones continúa con las reuniones de trabajo destinadas a organizar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N.º 27.801, que comenzará a aplicarse en la provincia a partir de septiembre de este año.
En esta etapa, se desarrollaron encuentros de las mesas de Reintegración Social, Salud Integral y Educación, conformadas por representantes de organismos públicos, instituciones y equipos técnicos relacionados con cada área. El objetivo central es establecer protocolos de actuación, delimitar responsabilidades y definir mecanismos de articulación entre los distintos sectores que intervendrán en el nuevo sistema.
La jornada estuvo encabezada por los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres, quienes recibieron a la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, integrante de la mesa vinculada al área educativa junto a otros referentes y especialistas.
Durante la apertura del encuentro, Díaz destacó la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones que formarán parte del régimen y señaló que la aplicación de la nueva normativa deberá estar basada en los principios establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
«Esta ley tiene un marco normativo que constituye el norte de toda su regulación: los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, especialmente, los que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño», expresó el ministro.
Las mesas interinstitucionales forman parte del proceso de planificación impulsado por el Poder Judicial misionero para que la puesta en funcionamiento del Régimen Penal Juvenil se concrete con procedimientos consensuados, funciones definidas y una red de organismos preparados para brindar respuestas específicas a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
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