La Justicia confirmó los procesamientos de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. Ambos dirigentes de la AFA, embargados y con prohibición de salida del país, quedaron más cerca del juicio oral por la deuda fiscal y de la seguridad social.
Este viernes la Justicia el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa por retención indebida de aportes. La suma calculada asciende a 19.000 millones de pesos y la decisión la tomó la Cámara en lo Penal Económico. El Tribunal de Apelaciones también confirmó la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. Además, la AFA, como persona jurídica, también quedó con procesamiento firme.
Para Tapia, la Cámara dio por desierta su apelación porque su defensa no se presentó a tiempo a una audiencia. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país, aunque viajó al Mundial en Estados Unidos con permiso judicial. Por su parte, Toviggino y la AFA también quedaron embargados. Con esta resolución, ambos dirigentes quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral.
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La omisión de depósitos
En relación a Toviggino, la Justicia dio por probada su responsabilidad en los delitos y confirmó el procesamiento por la omisión de depositar en el plazo legal montos que la AFA retuvo en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social. Los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025, y el monto total calculado es de 19.000 millones de pesos.
En cuanto a Tapia, quedó firme la acusación por el mismo delito, además del embargo y prohibición de salida del país que el juez en lo penal económico Diego Amarante le impuso el 30 de marzo cuando lo procesó. La AFA, como persona jurídica, se encuentra en la misma situación, procesada y embargada, ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.
La Asociación del Fútbol Argentino, según advirtió la Cámara en la resolución, “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma.
Sin embargo, los depósitos no se verificaron, a pesar de haber transcurrido los plazos legales. La falta de pago de las obligaciones “no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo” Toviggino, y la resolución judicial concluyó que el tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”.
Al ratificar lo resuelto por el juez Amarante, el Tribunal remarcó que la institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones. Esos fondos “no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes”, y las sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que se canceló después, fuera de vencimiento.
La querella de ARCA advirtió, cuando presentó la denuncia, que la entidad madre del fútbol argentino no depositó las obligaciones fiscales y de seguridad social “derivadas de su condición de agente de retención y/o de percepción, se recuerda, de fondos que no le eran propios”, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo pasados 30 días de los vencimientos, según remarcó la sentencia.
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados: Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. Además, ordenaron profundizar la investigación sobre el rol que pudieron tener en la maniobra.
Investigación por facturación falsa
Tapia y Toviggino son investigados además por supuesto uso de facturación falsa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero del impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por un total de $289.336.519,66. Esta es una ampliación de denuncia que presentó ARCA y la impulsó la fiscalía.
Se mencionaron proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí.
Asimismo, se detectaron “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.
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