La Cámara de Diputados dio media sanción al denominado Super RIGI, un régimen impulsado por el oficialismo para atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados “industrias del futuro”. La iniciativa apunta a proyectos de Inteligencia Artificial, electromovilidad, minería avanzada, energías renovables, data centers y desarrollos vinculados a tecnologías de frontera que aún no existen o no están desarrollados en el país.
El oficialismo logró este miércoles la media sanción en la Cámara de Diputados del denominado Super RIGI, un nuevo régimen destinado a fomentar inversiones superiores a los USD 1.000 millones en “industrias del futuro” que todavía no se desarrollaron en la Argentina.
La votación fue más ajustada de lo que anticipaban los libertarios. El proyecto obtuvo 130 votos afirmativos y 106 negativos.
La Libertad Avanza consiguió el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo de San Juan, La Neuquinidad, Independencia de Tucumán, Por Santa Cruz e Innovación Federal, espacio integrado por legisladores de Misiones y Salta.
En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota. Los diputados de Elijo Catamarca, habituales aliados del Gobierno, se abstuvieron.
Qué propone el Super RIGI
El Super RIGI busca incentivar inversiones de más de USD 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera. La categoría abarca proyectos como fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y emprendimientos vinculados a la cadena de valor del uranio.
Entre sus principales puntos, el régimen incorpora beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros. Entre ellos, una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones. También fija un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas.
Al igual que el RIGI, el proyecto contempla estabilidad regulatoria por 30 años.
Cambios incorporados para sumar apoyos
La semana pasada, el oficialismo aceptó algunas concesiones a los bloques aliados para destrabar el dictamen de comisión.
Una de las modificaciones incorporadas establece que las inversiones en investigación y desarrollo vinculadas al proyecto se computarán por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esa ponderación especial no podrá superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.
También se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales. En ese punto, los proyectos deberán comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución.
Ese requisito regirá siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
Además, los proyectos deberán contar con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.
La defensa del oficialismo
El encargado de presentar el proyecto por parte del oficialismo fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto.
“Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad para las industrias del futuro. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados y por eso les va cómo les va. Porque venimos de ser cavernícolas, necesitamos hacer una ley para proteger los derechos de propiedad. Al capital no se lo combate porque nos lleva a la peor pesadilla de la pobreza, es lo que ha pasado. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, y el capital va donde hay seguridad jurídica, donde no hay políticos como ustedes”, planteó.
Desde el oficialismo, la iniciativa fue presentada como una herramienta para competir con otros mercados internacionales en la atracción de capitales destinados a sectores estratégicos y tecnologías de alto impacto.
Las críticas de la oposición
Desde la oposición, los principales cuestionamientos se concentraron en los recursos que el Estado dejará de percibir para favorecer a grandes compañías que, según esa visión, no necesitan incentivos de semejante magnitud.
También advirtieron que la Argentina podría perder soberanía al permitir que las empresas adheridas al régimen elijan tribunales internacionales para resolver eventuales controversias con el Estado nacional.
Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, cuestionó con dureza el proyecto.
“Argentina necesita inversiones, pero nadie les pide tanto. Lo que no necesita es regalar soberanía, resignar desarrollo y convertir a nuestras provincias en simples territorios de extracción al servicio de intereses externos. Votamos en contra del llamado ‘Súper RIGI’ porque parte de una idea equivocada: creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Cavernícola no es pedir inversiones. Cavernícola es creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Los países que crecieron atrajeron capitales, pero también exigieron empleo, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales”, advirtió.
En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció que se trata de una “ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica”.
Martín Lousteau, quien llegó sobre el final de la sesión por la muerte de su padre, también calificó como excesivos los beneficios previstos para los inversores.
“Estas iniciativas incluidas el Súper RIGI buscan escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, poder tener tierras propias, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral, mermar la capacidad del ARCA, tener blanqueos permanentes, como es la Inocencia fiscal. ¿Cuál es el contraste con todo esto? Jubilaciones que bajan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los docentes, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades, no hay plata para los hospitales universitarios, no hay plata para las rutas”, argumentó.
Al final de la sesión, mientras se votaban los artículos del proyecto en particular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó en el palco central del primer piso junto con Sharif Menem.
La oposición la recibió con un cántico dirigido al vocero presidencial: “¿Dónde está, Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está?”.
Los beneficios que obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI
Los proyectos adheridos al Super RIGI podrán acceder a una serie de beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios. Entre ellos, se incluye la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único adheridos.
También se prevé amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, deducción de quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
El régimen contempla Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables, exención de derechos de importación y exportación para los bienes incluidos en el plan de inversión y para los productos obtenidos bajo el proyecto.
Además, establece contribuciones patronales reducidas, con una alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
En materia cambiaria, contempla libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación. También elimina la obligación de ingresar y liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
Otro de los puntos centrales es la estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
El proyecto también garantiza plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
Además, habilita la posibilidad de someter controversias con el Estado nacional a arbitraje internacional.
El Super RIGI será compatible con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
También permitirá la transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del Vehículo de Proyecto Único sin autorización previa y la exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
Los incentivos, sin embargo, solo podrán ser utilizados respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.
Con la media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa quedó ahora en condiciones de avanzar en su tratamiento legislativo para convertirse en ley.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
