El proyecto presentado por Oscar Herrera Ahuad propone declarar la emergencia salarial educativa por cinco años y redireccionar fondos del ATN para mejorar los ingresos docentes y financiar infraestructura escolar en todo el país, con un esquema de distribución federal y automático.
El proyecto, impulsado por el bloque Innovación Federal, plantea la reasignación total de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con el objetivo de transformarlos en un instrumento de refuerzo salarial docente. La propuesta incluye además componentes específicos: uno orientado a la mejora de ingresos del personal en actividad y otro destinado a infraestructura escolar y fortalecimiento de la educación técnica.
La iniciativa declara la emergencia salarial de la educación obligatoria desde el 1° de marzo de 2026 y por un período de cinco años, con base en indicadores cuantificables. Según datos del INDEC, el salario docente promedio registró una caída del 19% en términos reales entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025. A esto se suma una reducción del gasto educativo consolidado de 1,5 puntos del PBI en 2024 y de 1,9 puntos acumulados hacia fines de 2025, además de episodios de conflictividad gremial que impactaron el inicio del ciclo lectivo en al menos un tercio de las provincias.
En ese marco, Herrera Ahuad sostuvo: “Buscamos el financiamiento necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes”, al defender una propuesta que, según planteó, se apoya en evidencia verificable sobre la situación del sistema educativo.
Reordenamiento del Fondo ATN
El proyecto redefine el uso del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, tradicionalmente de asignación discrecional, para convertirlo en una herramienta de distribución automática, mensual y federal. Los recursos se transferirán en función de la cantidad de cargos docentes de cada jurisdicción, a través del Banco de la Nación Argentina, entre enero de 2026 y diciembre de 2030.
La iniciativa establece que el 70% de los fondos se destinará a un “Complemento federal” para docentes, directivos y personal no docente en actividad, condicionado a la asistencia efectiva y a la formación continua. El 30% restante será asignado como “Compensación federal” para quienes trabajen en establecimientos de alta vulnerabilidad social.
El alcance del proyecto incluye a la educación de gestión estatal y a los establecimientos de gestión pública privada, bajo el esquema conocido en Misiones como SPEPM, en todas sus modalidades. Además, incorpora una cláusula de adicionalidad que impide a las provincias adheridas reducir en términos reales la inversión educativa durante el período de emergencia, con el objetivo de asegurar que los fondos nacionales complementen y no sustituyan el esfuerzo local.
Asimismo, el artículo 4° prevé que los recursos remanentes del ATN al 31 de diciembre de 2025 se destinen en un 75% a infraestructura escolar y en un 25% a educación técnico-profesional, priorizando obras inconclusas y el equipamiento de talleres y laboratorios.
Control, informes y revisión del régimen
El proyecto incorpora mecanismos de seguimiento y evaluación: informes trimestrales al Congreso, una evaluación de impacto a los dos años y un informe técnico a los tres años sobre los indicadores que fundamentan la emergencia.
En caso de que antes del plazo previsto desaparezcan las condiciones que motivan la declaración, el Poder Ejecutivo podrá proponer su finalización anticipada ante el Congreso, lo que refuerza el carácter temporal y condicionado de la medida.
