Reforma del Código Procesal Penal: qué cambios propone para la Justicia misionera

El Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y el Colegio de Abogados impulsan un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta iniciativa histórica busca transformar la forma de juzgar e investigar los delitos en Misiones, agilizar los procesos y garantizar una justicia más eficiente.

La Legislatura de Misiones dio estado parlamentario a dos proyectos de ley que proponen la reforma del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público de la provincia. La iniciativa, impulsada por el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y el Colegio de Abogados, generó una gran expectativa en el ámbito jurídico local y promete un cambio de época en la justicia penal misionera.

En diálogo con Sala Cinco, programa del stream de Misiones Online, Nicolás Zayas, abogado penalista, destacó la importancia de este suceso y la labor previa de una mesa interinstitucional que reunió a juristas y actores de la comunidad judicial. Zayas sostuvo: “Esto estamos ante un suceso histórico, ante un cambio de época en lo que representa la justicia penal de la provincia de Misiones. Y yo básicamente, como litigante penalista que soy en el fuero penal, que me desempeño en la actividad privada, tengo la expectativa muy grande”. Además, enfatizó que el proyecto ya cuenta con un trabajo previo y se discutió en una mesa interinstitucional que incluyó a gran parte de la comunidad jurídica.

El letrado explicó que la reforma implica un cambio de paradigma en la forma de hacer justicia penal en Misiones. “Va a cambiar la manera de juzgar los delitos y la manera de investigar los delitos y va a cambiar la forma de defender los delitos y va a cambiar el protagonismo de la figura del querellante particular, que también es una que no quedó descartado de esta reforma integral”, afirmó. Para Zayas, el actual sistema inquisitivo, de corte mixto, resulta obsoleto e injusto, y genera demoras y dilaciones. La transición a un sistema acusatorio, por el contrario, busca definir claramente los roles y funciones de cada parte en el proceso penal.

Un fiscal con mayor protagonismo

Zayas precisó que el nuevo sistema otorgará al fiscal un mayor protagonismo en la investigación y recolección de pruebas, una función que hoy recae en el juez de instrucción. “El fiscal va a tener un mayor protagonismo de la investigación, de la recolección de la prueba en la etapa de investigación formal de un delito. Cuando viene una denuncia, esa cuestión hoy en día con el régimen vigente, por ejemplo, la tiene el juez de instrucción”, detalló. El penalista cuestionó el rol actual del juez instructor, quien investiga y luego define la situación procesal del imputado, y consideró que eso no se adecúa a los estándares internacionales ni a los pactos de derechos humanos.

Por otra parte, el abogado indicó que la reforma plantea la oralidad efectiva en el fuero penal. De esta manera, el juez se limitará a resolver la situación particular del asunto, mientras que la defensa controlará el debido proceso y ejercerá la defensa del imputado. “La defensa, el Ministerio de la Defensa lo que va a hacer es justamente controlar el debido proceso penal, defender a quien está imputado de un delito prima facie, ejercer la defensa, prácticamente, y sobre todo también controlar a ese protagonismo del fiscal para que no se extralimite también en sus funciones, ni tampoco se exceda”, explicó Zayas. Para el abogado, esto equilibra la relación procesal penal, una demanda constante de los penalistas.

El proyecto también contempla la creación de una policía judicial, lo que elevaría el rango de la actual Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). Zayas afirmó que la SAIC logrará un mayor protagonismo en los delitos de compleja investigación, y se readecuará al nuevo sistema. Además, el fiscal tendrá la amplitud de solicitar todas las medidas probatorias que estime necesarias para esclarecer la verdad del delito.

Implementación gradual y justicia restaurativa

Zayas destacó que la implementación del nuevo sistema será gradual, comenzando por las circunscripciones más pequeñas y avanzando hacia las de mayor complejidad. “Hay una implementación gradual de 12 meses de empezar por la quinta circunscripción y bajar hasta lo que sea el fuero de la primera circunscripción. Es decir, hacer un proyecto piloto de forma gradual”, señaló. El Doctor Juan Manuel Díaz, ministro del Superior Tribunal, explicó en detalle esta implementación gradual.

Otro aspecto clave de la reforma es el impulso a la justicia restaurativa en el Derecho Penal. El penalista indicó que esto se adecúa a los marcos internacionales y las convenciones, y permite resolver delitos de menor gravedad mediante criterios de oportunidad y audiencias de conciliación. “Va a estar el juez, el fiscal, el defensor, la víctima y el imputado, a los fines de llegar a un acuerdo y poner un fin al proceso penal y a la persecución penal y a todas las consecuencias que lleva”, explicó Zayas. Esto forma parte de la justicia restaurativa dentro del fuero penal.

El proyecto también busca garantizar el acceso a la justicia de los pueblos originarios, y aborda los derechos de la víctima y los plazos procesales. Zayas confía en que la agilidad de los plazos y la oralidad contribuirán a resolver las causas más rápidamente, y a solucionar situaciones injustas que el sistema inquisitivo no resuelve, como las medidas de coerción privativa de libertad.

El abogado consideró que el sistema acusatorio es el sistema penal ideal. Zayas afirmó: “Hoy en día hay muchas situaciones procesales que no están resueltas. Hay personas que están privadas de libertad sin una resolución judicial y eso solamente genera situaciones de incertidumbre, de inseguridad jurídica, demora judicial y de un montón de problemas judiciales que la justicia no lo está resolviendo”. Ante la posibilidad de que la reforma descomprima las comisarías y reordene el alojamiento de personas privadas de libertad, Zayas instó a una “ingeniería penitenciaria” y a tratar cada caso particular, sin caer en generalizaciones que afecten el orden público.

Zayas anticipó que el debate en las comisiones será enriquecedor y que se escucharán diversas objeciones. Además, cree que se invitará a actores que no participaron de la mesa interinstitucional, como organizaciones civiles y de víctimas, para lograr una reforma integral. “Sería lo mejor que se convoquen a todos los sectores que participan del proceso penal para que la reforma sea de una integralidad que valga la pena. Que no se excluya a nadie”, cerró.

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