La víctima fue Rodrigo Gómez, un joven de 21 años oriundo de Gobernador Roca, que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial. La fiscalía sostiene que dos de los acusados lideraban una organización que utilizaba perfiles falsos para extorsionar a hombres con supuestas denuncias penales.
El fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, solicitó la elevación a juicio de siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a extorsionar a hombres contactados mediante aplicaciones de citas y requirió que dos de los presuntos líderes también sean juzgados por la instigación al suicidio del soldado del Ejército Argentino Rodrigo Gómez, quien fue hallado sin vida en diciembre pasado dentro de la Quinta Presidencial de Olivos.
Gómez tenía 21 años, era oriundo de Gobernador Roca, y prestaba funciones de seguridad en la residencia presidencial. El joven, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, fue encontrado muerto en una de las garitas del predio con su arma reglamentaria. En el lugar fue hallada una carta que, según la investigación, forma parte de las principales líneas de análisis para determinar las circunstancias que llevaron a su muerte.
La causa está a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y la investigación fue desarrollada junto con la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. Según la acusación fiscal, la organización habría funcionado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año, con una estructura que combinaba integrantes detenidos en unidades penitenciarias y colaboradores que operaban desde el exterior.
De acuerdo con el requerimiento presentado por Iuspa, los presuntos líderes de la banda eran T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, quienes se encontraban alojados en la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. También está acusado K.M.S.P., de 28 años, quien luego fue trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos.
La fiscalía sostiene que las parejas de los detenidos, identificadas como I.A.C., de 23 años; K.Y.C., de 25; E.Y.T., de 36; y C.A.M., de 24, habrían cumplido tareas de apoyo logístico, entre ellas la utilización de cuentas de billeteras virtuales para recibir el dinero obtenido mediante las maniobras extorsivas y la provisión de chips telefónicos utilizados por los internos.
Según la investigación, la organización creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para iniciar conversaciones con potenciales víctimas y luego trasladarlas a WhatsApp.
Una vez establecido el contacto, los integrantes del grupo presuntamente enviaban mensajes en los que una persona se hacía pasar por la madre de una supuesta menor de edad y advertía sobre la posibilidad de iniciar una denuncia penal por un supuesto contacto indebido.
Después intervenía otro integrante que simulaba ser un funcionario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y utilizaba la identidad de un efectivo real. A través de llamadas telefónicas exigía transferencias de dinero bajo la promesa de evitar una denuncia y resolver la situación.
El primer episodio atribuido a la organización tuvo como víctima a Rodrigo Gómez. Según la fiscalía, el 15 de diciembre pasado el soldado realizó transferencias por un total de 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago vinculadas con integrantes del grupo.
Los investigadores también atribuyeron otros dos hechos. El 26 de diciembre, otra víctima transfirió 15.000 pesos a una cuenta de la misma billetera virtual. En tanto, entre el 22 y el 28 de diciembre, un tercer hombre realizó depósitos por 116.000 pesos en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas.
Allanamientos y detenciones
Por orden de la jueza Arroyo Salgado, el 9 de febrero se realizaron siete allanamientos: tres en establecimientos penitenciarios y cuatro en domicilios del conurbano bonaerense. Como resultado de los procedimientos fueron detenidas las cuatro mujeres señaladas como colaboradoras de la organización.
Luego, las defensas de tres de las imputadas solicitaron sus excarcelaciones, pero el fiscal Iuspa se opuso al considerar que existían riesgos procesales vinculados con la gravedad de los hechos investigados, la cantidad de posibles damnificados, el desenlace fatal de una de las víctimas y la presunta estructura organizada del grupo. La jueza rechazó los planteos y mantuvo las medidas de coerción.
En su presentación, el fiscal sostuvo que la utilización de una estructura carcelaria, la usurpación de la identidad de un funcionario policial y la muerte del soldado Gómez evidenciaban el nivel de organización alcanzado por la banda.
Acusaciones y pedido de juicio
Iuspa pidió que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados como presuntos jefes de una asociación ilícita agravada y coautores de tres hechos de extorsión. Además, solicitó que respondan por la instigación al suicidio de Rodrigo Gómez, delito previsto en el artículo 83 del Código Penal.
Para K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., el fiscal requirió que sean llevados a juicio como integrantes de una asociación ilícita agravada y por su presunta participación en los tres hechos de extorsión investigados.
“La circunstancia de que parte de la operatoria se hubiera desplegado desde un establecimiento carcelario, sumado a la utilización de la identidad de un funcionario policial real y al desenlace fatal de una de las víctimas, robustece el grado de estructuración y la peligrosidad de la organización”, sostuvo Iuspa en el requerimiento.
La causa continuará ahora con el análisis del pedido de elevación a juicio por parte del juzgado federal interviniente.
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