El procurador general de Misiones, Carlos Giménez, confirmó que fue elevado a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el esquema actual de investigación penal. La iniciativa propone un modelo oral, con mayor intervención de los fiscales, audiencias públicas y un nuevo rol para los jueces de garantía.
El Poder Judicial de Misiones presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto para reemplazar el actual Código Procesal Penal por un sistema acusatorio, una reforma que busca modificar la forma en que se investigan los delitos y agilizar los tiempos de resolución de las causas.
El procurador general de la provincia, Carlos Giménez, explicó que la iniciativa fue elaborada con la participación de distintos sectores del sistema judicial y que cuenta con el acompañamiento del Superior Tribunal de Justicia y del Colegio de Abogados.
“Hemos presentado el proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, que fue acompañado con la firma de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, junto con el presidente del Colegio de Abogados. Todo el sistema judicial acompañó este nuevo proyecto”, señaló Giménez en dialogo con Canal 12.
Según detalló, el objetivo es dejar atrás el esquema actual, basado en un sistema mixto y principalmente escrito, que genera acumulación de expedientes y extensos plazos hasta la llegada de una sentencia.
“Hoy nuestro sistema penal, totalmente escrito, está colapsado. Se traduce en tiempos eternos y expedientes engorrosos que llevan años para llegar a una sentencia”, sostuvo.
Nuevo rol para fiscales y jueces
El proyecto plantea una modificación central en las funciones de los actores judiciales. Actualmente, el juez de instrucción concentra tareas de investigación, recopilación de pruebas y evaluación de su incorporación al expediente. Con la reforma, esas funciones pasarían al Ministerio Público Fiscal.
Giménez explicó que el fiscal tendrá a su cargo la investigación penal, la elaboración de la teoría del caso y la presentación de los elementos ante un juez de garantía. “Se invierten los roles. El fiscal lleva adelante la investigación penal ante una audiencia oral, eso hace que los tiempos se acorten y haya mayor transparencia porque las audiencias son grabadas”, indicó.
El juez dejaría de investigar y pasaría a cumplir una función vinculada al control del proceso. Entre sus tareas estará garantizar el cumplimiento de los derechos de las partes, controlar la legalidad de las pruebas y resolver sobre la situación procesal de los imputados.
“El juez de instrucción pasaría a ser juez de garantía. Solamente vela por el debido proceso, que las pruebas sean incorporadas legalmente y define sobre la libertad del imputado y si están dadas las condiciones para pasar a la etapa de debate oral y público”, explicó el procurador.
Giménez comparó el nuevo modelo con el sistema vigente en otras provincias argentinas, donde los fiscales tienen un rol central en la investigación y los jueces intervienen como garantes del procedimiento. “Misiones es una de las pocas provincias que mantiene este sistema mixto, donde la figura del juez de instrucción es clave. Junto con Formosa, Tierra del Fuego y alguna otra provincia mantienen este esquema”, afirmó.
Audiencias orales y reducción de tiempos
Uno de los principales cambios previstos es la incorporación de audiencias orales y públicas como mecanismo habitual para resolver las distintas etapas del proceso penal.
De acuerdo con Giménez, este formato permitirá respuestas más rápidas y mayor control ciudadano sobre las decisiones judiciales. “Es un sistema oral donde se van a resolver con inmediatez los tiempos. Hay mayor transparencia y los resultados de las resoluciones o investigaciones van a ser claros e inmediatos”, explicó.
Además, destacó la importancia de la creación de una oficina judicial que tendrá como función organizar las audiencias, administrar los procesos y profesionalizar la estructura administrativa del sistema. “Todas las audiencias van a quedar grabadas. Eso hace a la transparencia y a la independencia del Poder Judicial”, afirmó.
El procurador sostuvo que la reforma responde a una demanda vinculada con la necesidad de contar con una Justicia más rápida y eficiente. “Somos conscientes de que una Justicia lenta no es Justicia. Lo que se pretende lograr es un servicio eficaz y oportuno, con un rol muy importante para las víctimas”, expresó.
Investigación de ciberdelitos y abuso sexual infantil
Durante la entrevista, Giménez también se refirió al funcionamiento de la Fiscalía especializada en ciberdelitos, creada para investigar hechos vinculados al uso de tecnología, entre ellos los reportes de material de abuso sexual infantil.
El funcionario destacó que la dependencia tiene competencia en toda la provincia y funciona de manera permanente durante todo el año. “La creación de la Fiscalía especializada en ciberdelitos fue un gran acierto como política y articulación de los tres poderes del Estado. Hoy está de turno los 365 días del año”, indicó.
Además, señaló que la fiscalía recibe reportes de la red internacional 24/7 relacionados con material de abuso sexual infantil (MASI), realiza un análisis inicial y deriva los casos para la investigación correspondiente.
“Estamos recibiendo aproximadamente entre 50 y 60 casos mensuales de reportes de la red 24/7. Muchas veces son falsos positivos, es decir, no todo es material de abuso sexual infantil”, aclaró.
En ese marco, mencionó el trabajo conjunto con la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), que con la nueva estructura pasaría a denominarse Cuerpo de Investigaciones Judiciales Complejas.
Según explicó, el organismo dejará de funcionar únicamente como una oficina de análisis forense y tendrá una participación más amplia en investigaciones penales. “Tenemos laboratorios informáticos, de telefonía y cuerpos de peritos. Va a pasar a ser una oficina de investigación penal que estará en apoyo del cuerpo de fiscales”, detalló.
La evidencia digital como herramienta clave
Giménez también remarcó el crecimiento de la tecnología dentro de las investigaciones judiciales y señaló que actualmente los dispositivos electrónicos representan una fuente central de información para esclarecer delitos. “El celular hoy es la vida de la persona. Te indica desde dónde estás, qué mensaje mandás. Todo pasa por la evidencia digital”, sostuvo.
En ese sentido, destacó la inversión realizada por el Poder Judicial en equipamiento y capacitación de profesionales especializados. “Tenemos ingenieros informáticos, técnicos y desarrolladores que hacen un análisis científico de la evidencia digital para presentar las conclusiones periciales al juez”, explicó.
Finalmente, el procurador insistió en que la reforma procesal busca adaptar la Justicia provincial a nuevas necesidades y avanzar hacia un sistema con mayor transparencia, oralidad y participación de las partes. “Necesitamos que nuestro sistema judicial penal vaya acompañado de las necesidades de la gente”, concluyó.
El Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y el Colegio de Abogados impulsan un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta iniciativa histórica busca transformar la forma de juzgar e investigar los delitos… pic.twitter.com/l90LmolLM5
— misionesonline.net (@misionesonline) June 19, 2026
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