Entre Vialidad, las explicaciones patrimoniales de Manuel Adorni y el uso de criptoactivos como justificación tardía, vuelve una pregunta incómoda. ¿Los organismos de control previenen la corrupción o sólo reconstruyen explicaciones cuando el daño ya está hecho?
* Por María Gabriela Barrionuevo
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Un sistema de alarma contra incendios puede ser carísimo, sofisticado y lleno de luces. Pero si está programado para sonar cuando la casa ya se redujo a cenizas, no previene nada. Apenas certifica el desastre.
Con los controles públicos argentinos ocurre algo parecido. Tenemos organismos, declaraciones juradas, auditorías, expedientes, plataformas y siglas suficientes para imaginar un Estado atento. Todo parece diseñado para prevenir abusos de poder, desalentar la corrupción y dar transparencia a la gestión pública. Sin embargo, demasiadas veces el sistema se entera después de una denuncia, de una investigación judicial, de una nota periodística, de una interna política o de que el patrimonio cuestionado ya encontró una explicación.
Cuando un control llega a esa altura, ya no previene el incendio. Audita cenizas.
Cristina Kirchner, Manuel Adorni y Bitcoin funcionan aquí como disparadores. El problema de fondo aparece cuando el control llega tarde y una herramienta pensada para prevenir termina revisando explicaciones ya construidas.
Kirchner y Adorni no son casos jurídicamente comparables. Una fue condenada con sentencia firme en la causa Vialidad. El otro enfrenta cuestionamientos patrimoniales, rectificaciones de declaraciones juradas y explicaciones públicas aún sometidas a verificación. Puestos uno al lado del otro, permiten formular una pregunta institucional, no partidaria. ¿Los organismos de control previenen o aparecen cuando el escándalo ya hizo el trabajo?
En Vialidad, el sistema reconstruyó tarde una trama clásica de obra pública, contratistas beneficiados, decisiones estatales, perjuicio fiscal y años de investigación judicial. En el caso Adorni, la discusión pública muestra qué ocurre cuando un funcionario explica tardíamente una evolución patrimonial mediante activos no declarados oportunamente, rectificaciones, fondos incorporados después e inversiones en Bitcoin.
Eso no permite afirmar, por sí solo, corrupción ni lavado de activos. Sí alcanza para plantear una exigencia institucional básica: cuando un funcionario invoca una explicación patrimonial tardía, el Estado debe poder verificarla con rigor y oportunidad.
El punto no es Bitcoin. El punto es la explicación tardía.
Una criptomoneda, un bono, una billetera virtual o una inversión financiera no son ilícitos por naturaleza. Tampoco toda rectificación patrimonial equivale a delito. La dificultad aparece cuando una persona políticamente expuesta explica después lo que debió estar claro antes. En ese momento, la declaración jurada pierde fuerza como herramienta de prevención y empieza a parecerse a una pieza de defensa narrativa.
En teoría, una declaración jurada patrimonial debería ser una foto preventiva. El funcionario informa qué tiene antes de ejercer poder, contratar, regular, asignar recursos o acceder a información sensible. Si esa foto se corrige recién cuando el patrimonio ya fue cuestionado, el sistema deja de mirar la realidad en tiempo oportuno y empieza a revisar explicaciones posteriores.
La imagen es simple. Sería como si en una final de fútbol el árbitro no cobrara las faltas durante el partido y al día siguiente analizara los penales a partir de las explicaciones que los propios jugadores le enviaron por correo electrónico. Eso no es arbitraje en tiempo real. Es administración tardía de excusas.
Los criptoactivos vuelven más incómoda la pregunta. No son invisibles para el sistema. La normativa fiscal argentina contempla la declaración de monedas digitales, monedas virtuales, criptoactivos o similares dentro del impuesto sobre los bienes personales. A su vez, las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios se nutren, en buena medida, de información patrimonial y fiscal declarada ante la administración tributaria.
Invocar criptoactivos en una declaración jurada no cierra la discusión patrimonial. La abre. Si esos activos existían antes, debe poder reconstruirse cuándo fueron adquiridos, con qué fondos, en qué plataforma, con qué comprobantes, en qué wallet se conservaron, cómo se valuaron, cuándo se vendieron y cómo ingresaron luego al patrimonio declarado.
El patrimonio de un funcionario no debería creerse ni descreerse según simpatías políticas. Debería poder verificarse. Con fechas, documentación, origen de fondos, trazabilidad, movimientos fiscales, beneficiarios reales y capacidad técnica del Estado para controlar algo más que papeles presentados fuera de tiempo.
La regulación antilavado sobre activos virtuales va en la misma dirección. Trata a estas operaciones como un ámbito de riesgo que exige identificación, monitoreo y trazabilidad. Si para un sujeto obligado una operación con activos virtuales requiere analizar perfil del cliente, origen y destino de fondos, jurisdicciones involucradas y eventual condición de persona políticamente expuesta, el patrimonio de un funcionario público no puede quedar reducido a una explicación genérica.
Cuando se trata de patrimonio público expuesto al control ciudadano, no alcanza con una explicación verosímil. Hace falta una explicación verificable.
La corrupción argentina ya mostró su escenografía más burda. Bolsos, bóvedas, hoteles, inmuebles, sociedades familiares, facturas truchas y obra pública direccionada. Esa postal se entiende rápido. Un bolso con dólares no necesita manual. Una bóveda tampoco. Una obra pública que cae una y otra vez en las mismas manos exige explicación.
Pero el dinero también aprende. Cuando existen beneficios obtenidos mediante abuso de poder, esos recursos buscan tomar distancia de su origen y parecer patrimonio legítimo. A veces lo hacen por caminos conocidos, como inmuebles, sociedades, testaferros, efectivo, contratos simulados o facturación falsa. Otras veces se esconden detrás de explicaciones más difíciles de verificar, mediante activos digitales, plataformas extranjeras, fondos, bonos, regularizaciones fiscales o estructuras financieras que requieren otra capacidad de control.
Ahí la demora estatal pesa más. Si el Estado llega tarde frente a un bolso, todavía puede contar billetes. Si llega tarde frente a una arquitectura patrimonial armada para explicar el dinero, debe reconstruir años de movimientos, plataformas, declaraciones, rectificaciones, operaciones cruzadas y relatos preparados con asistencia profesional.
Argentina no carece de organismos. Tiene Oficina Anticorrupción, SIGEN, UIF, declaraciones juradas, auditorías, tribunales de cuentas, oficinas provinciales y áreas de transparencia. La arquitectura formal existe. La dificultad es otra: buena parte de esos controles está atravesada, desde su diseño o desde su práctica, por la misma lógica política que debería limitar.
La Oficina Anticorrupción puede tener independencia técnica en los papeles, pero su conducción se renueva con el poder político. La SIGEN, clave en el control interno del Poder Ejecutivo, también cambia sus autoridades con cada gestión. La UIF depende de la calidad y oportunidad de los reportes de los sujetos obligados y su conducción superior acompaña los ciclos políticos. La consecuencia es conocida: controles previstos formalmente, pero muchas veces poco incómodos en términos institucionales.
Un organismo que debería funcionar como barrera técnica frente al abuso de poder pierde fuerza si queda expuesto al recambio de gobiernos, a la designación de autoridades afines, al desplazamiento de equipos profesionales, a la pérdida de memoria institucional o a informes que llegan cuando el daño ya fue consumado.
Sería injusto afirmar que todo es inútil o que cada organismo falla siempre. La UIF, por ejemplo, no puede producir inteligencia financiera sin información previa de calidad. Necesita que bancos, escribanos, contadores, operadores del mercado de capitales, proveedores de servicios de activos virtuales y demás sujetos obligados reporten bien, a tiempo y con información útil. Si esa primera línea reporta tarde, reporta mal o directamente no reporta, el sistema preventivo nace debilitado.
Aun cuando los reportes existan, hace falta algo más que una norma. Un organismo técnico necesita continuidad, carrera profesional, analistas capacitados, tecnología, bases de datos robustas y criterios de riesgo sostenidos en el tiempo. Si cada cambio de gobierno implica traer un elenco nuevo, desplazar cuadros con experiencia o reordenar prioridades según la conveniencia política del momento, lo que debería ser inteligencia estatal se vuelve administración de coyuntura.
Esa continuidad técnica también es independencia. No alcanza con que una ley declare autónomo a un organismo si después carece de presupuesto, tecnología, estabilidad profesional o capacidad para sostener criterios propios. Un control independiente debe poder molestar, conservar equipos técnicos, publicar informes, exigir respuestas y producir consecuencias cuando detecta irregularidades.
La discusión sobre el tamaño del Estado importa en la medida en que afecta su capacidad de control. Un Estado más chico no es necesariamente más íntegro si pierde equipos técnicos, memoria institucional, sistemas de información y capacidad para cruzar datos sensibles. Puede terminar siendo apenas un Estado más débil frente a patrimonios difíciles de reconstruir, contrataciones opacas o explicaciones presentadas demasiado tarde.
La integridad pública exige controlar al poder mientras actúa. Cuando el control aparece después de la denuncia, todavía puede servir para investigar o sancionar, pero ya no previene. Audita el daño.
Las nuevas tecnologías usadas para mover, ocultar o justificar patrimonio deberían funcionar como disparadores para rediseñar los controles estatales. Si el dinero puede circular con mayor velocidad, cruzar fronteras, fragmentarse en plataformas, conservarse en activos digitales o justificarse mediante instrumentos financieros complejos, el control público no puede seguir pensando con formularios del siglo pasado.
El problema no es la tecnología, sino la falta de controles capaces de seguirle el ritmo. Declaraciones juradas interoperables, registros efectivos de beneficiarios finales, cruces automáticos entre ingresos declarados, evolución patrimonial, contrataciones públicas y vínculos societarios, alertas tempranas sobre personas políticamente expuestas, trazabilidad de operaciones relevantes y cooperación real entre organismos fiscales, administrativos y antilavado deberían formar parte del nuevo estándar de integridad pública.
Este debate vale para la Nación, pero también para provincias y municipios. En escalas más pequeñas, la captura puede ser más silenciosa y más difícil de incomodar: proveedores habituales del Estado, obra pública local, pauta oficial, empleo público, vínculos familiares, sociedades amigas y organismos de control integrados por equilibrios políticos conocidos por todos. La cercanía no siempre mejora el control. A veces lo vuelve más costoso.
La corrupción necesita un Estado capturable, pero no funciona sola. Requiere una cadena de valor en la que alguien decide desde el poder, alguien se beneficia desde el sector privado, alguien intermedia, alguien estructura sociedades, alguien arma la explicación fiscal, alguien mueve el dinero y alguien controla tarde. O no controla.
En términos generales, en esa cadena aparece el lavado de activos como fase patrimonial del problema. La corrupción captura una decisión pública para obtener o direccionar un beneficio privado indebido. El lavado intenta normalizar ese beneficio y darle una historia aceptable.
Una inversión. Una cuenta. Una wallet. Un inmueble. Una sociedad. Un bono. Una regularización fiscal. Una ganancia extraordinaria. Una explicación que permita que el dinero sospechado deje de parecer sospechado.
La corrupción roba lo común. El lavado le fabrica al dinero una nueva biografía.
La pregunta democrática sigue siendo elemental. ¿De dónde salió la plata?
Si el Estado sólo llega cuando el escándalo ya estalló, no controla. Audita cenizas.
* Abogada | Especialista en Compliance y PLA/FT | Asesora en Regulación y Ética de la Inteligencia Artificial.
