Cinco mujeres privadas de su libertad en la Unidad 51 de Magdalena denunciaron torturas, golpizas y abusos sexuales por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria realizó una presentación judicial y el Servicio Penitenciario apartó a la cúpula del penal.
Cinco mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena denunciaron haber sido víctimas de torturas, golpizas y abusos sexuales por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una presentación judicial que detalló los hechos ocurridos entre el 3 y el 4 de junio, lo cual derivó en una investigación judicial y administrativa.
Según la denuncia, todo comenzó después de una pelea entre dos internas. Personal penitenciario ingresó a uno de los pabellones y lanzó gas pimienta a raíz de ese episodio. Luego, encerraron a varias mujeres en sus celdas y las sometieron a revisiones forzadas.
La CPM reunió testimonios y, según esos relatos, algunas de las detenidas se negaron a desnudarse frente a agentes varones del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE). En respuesta, las golpearon, las redujeron y las trasladaron a distintos sectores de la unidad.
Relatos de las víctimas
Dos de las detenidas denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales durante los procedimientos. Una de ellas aseguró que la sometieron a la práctica conocida como “submarino húmedo”, que implica sumergir la cabeza de la persona en un contenedor con agua. “Besame las botas”, le habría dicho la jefa de la unidad del penal.
La misma mujer contó que sufrió agresiones sexuales por parte de varios agentes y que luego la obligaron a firmar documentación bajo amenazas. Otra de las mujeres declaró que la llevaron a un aula de la unidad, donde la golpearon, la ahorcaron y la abusaron sexualmente. Según su testimonio, permaneció durante horas inmovilizada y expuesta al gas pimienta antes de trasladarla a otro penal.
Las otras tres víctimas denunciaron haber sufrido golpes, inmovilizaciones prolongadas, exposición a gas pimienta, amenazas y condiciones degradantes. Además, aseguraron que permanecieron durante horas sin acceso a agua, alimentos ni sanitarios. Cuando las trasladaron a otras cárceles, encontraron gran parte de sus pertenencias destruidas o mezcladas con basura.
La CPM informó mediante un comunicado que entrevistó a las mujeres en distintas unidades penitenciarias de la provincia y constató lesiones compatibles con los relatos. A su vez, el organismo cuestionó la actuación del personal médico de la cárcel. Entre otras irregularidades, señaló que una enfermera dejó constancia de que una de las detenidas no presentaba lesiones visibles, pese a que posteriormente se registraron heridas y secuelas físicas.
Avance de la investigación
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, y luego la ampliaron con nuevos testimonios. Fuentes cercanas al caso indicaron a TN que, tras la presentación judicial, las autoridades penitenciarias dispusieron el relevo de toda la cúpula del establecimiento, incluida la directora, los subdirectores y la jefa del área señalada en las denuncias. También apartaron a los integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) que participaron del operativo.
De esta manera, la investigación interna se inició de manera inmediata. Además, señalaron que conformaron una mesa de diálogo con las internas y que el juez de Ejecución Penal de La Plata, José Villafañe, intervino en el establecimiento luego de conocerse las denuncias.
Por otra parte, la CPM cuestionó una resolución del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, que rechazó su pedido para ser querellante en la causa. El organismo consideró que la decisión obstaculiza su función como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y anunció que apelará la medida.
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