El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz, explicó los alcances del nuevo sistema que entrará en vigencia en septiembre y destacó que el objetivo será la reinserción social de los adolescentes, con medidas alternativas a la prisión y un trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado.
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil obligará a las provincias a adaptar sus estructuras para abordar los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. En Misiones, el Superior Tribunal de Justicia inició un proceso de implementación que apunta a conformar una red de intervención con organismos judiciales, educativos, sanitarios y sociales.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz, explicó que la nueva normativa modifica el enfoque aplicado hasta ahora y remarcó que, aunque incorpora una mayor severidad al reducir la edad de imputabilidad, mantiene como eje principal la resocialización.
“La respuesta penal de mayores es una herramienta dura del Estado, pero es distinta respecto a la que se practica en niños y adolescentes. En ellos la mirada es esencialmente y primordialmente de resocialización, de reintegración social”, señaló Díaz durante una entrevista.
El magistrado explicó que la nueva Ley 27.801, sancionada en marzo y con entrada en vigencia prevista para el 5 de septiembre, establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser sometidos a un proceso penal.
Hasta ahora, quienes tenían entre 14 y 16 años no eran alcanzados por una respuesta penal. Con el nuevo sistema, según detalló Díaz, el Estado podrá intervenir mediante herramientas judiciales destinadas a evitar que esos jóvenes continúen vinculados a trayectorias delictivas. “Lo que tiene de mayor severidad esta norma pasa indiscutiblemente por la baja de la edad de imputabilidad. Actualmente es punible un adolescente entre los 16 y los 18 años, esta ley la baja a los 14”, explicó en dialogo con Canal 12.
Consultado sobre si un adolescente podrá cumplir una pena de prisión, respondió: “Efectivamente, puede ser privada su libertad. Es la herramienta más severa que tiene el Estado para resolver un conflicto”. Sin embargo, aclaró que esa medida será excepcional y deberá estar fundamentada por los jueces.
Díaz sostuvo que la privación de libertad no será la respuesta principal del nuevo régimen y destacó que en Misiones actualmente existen alrededor de 1.500 casos de adolescentes involucrados en hechos penales, aunque solo una pequeña parte permanece detenida.
“Tenemos alrededor de 1.500 casos de delitos cometidos por adolescentes en la provincia de Misiones, que no están presos. Estamos hablando de que 30 de esos adolescentes están cumpliendo una pena privativa de libertad”, indicó.
El funcionario judicial detalló que el nuevo esquema incorporará la figura del supervisor, una persona encargada de realizar un seguimiento personalizado del adolescente y elaborar informes periódicos para el juez.
“El supervisor es una figura que crea la ley. Va a estar en conjunto con el juez y con el resto de los organismos que forman parte de esta red de trabajo interinstitucional”, explicó.
Ese seguimiento deberá incluir aspectos educativos, familiares, sociales y de salud. “Respecto a los adolescentes, la situación varía absolutamente, porque además del hecho hay que relevar el contexto socioeducativo, el contexto familiar y su situación de salud”, afirmó.
Trabajo conjunto entre organismos
El ministro del STJ señaló que la implementación requiere una articulación entre distintas áreas del Estado, debido a que la Justicia por sí sola no puede resolver la problemática.
En ese sentido, mencionó la participación de organismos vinculados al trabajo, educación, deporte, prevención de adicciones, salud, seguridad y el Servicio Penitenciario. “El Poder Judicial tiene un rol preponderante porque conduce el proceso penal, garantiza derechos y dispone medidas, pero no puede llevarlo adelante si no es con una articulación con otros poderes del Estado y otras instituciones”, sostuvo.
Díaz explicó que el objetivo será determinar una respuesta adecuada para cada adolescente, que no necesariamente será una condena de prisión. “Puede ser una respuesta de privación de libertad eventualmente, pero también puede ser una respuesta de contenido socioeducativo, cultural, deportivo o laboral”, detalló.
Los jóvenes detenidos deberán estudiar y recibir asistencia
Ante la consulta sobre cómo será la vida de los adolescentes que eventualmente sean privados de su libertad, el ministro indicó que continuarán los programas educativos y de acompañamiento. “Como ya ocurre actualmente, tienen que estudiar”, afirmó, aunque insistió en que la prisión será una alternativa excepcional.
En Misiones, los adolescentes alojados en la Unidad Penal IV cumplen medidas por delitos graves, como homicidios o robos agravados, luego de que otras intervenciones no hayan resultado suficientes.
Antes de llegar a esa instancia, explicó, existe un proceso socioeducativo que busca intervenir sobre las causas que llevaron al conflicto con la ley.
La importancia de los centros de asistencia
Díaz también destacó el rol de los Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.AS), que funcionan como espacios de contención y seguimiento. “Son fundamentales. Son ámbitos donde permanecen en un contexto de contención socioeducativa por no más de 72 horas y después deben volver a su seno familiar, social y educativo”, indicó.
Según explicó, la nueva ley incorpora la figura del supervisor para complementar el trabajo que actualmente realizan los equipos interdisciplinarios.
El ministro advirtió que la aplicación del régimen implicará una inversión importante y recordó que muchas políticas nacionales terminan siendo ejecutadas por las provincias. “Es la provincia la que termina haciéndose cargo de una decisión abordada y realizada en el Congreso de la Nación”, expresó.
Además, remarcó que la Justicia provincial resuelve la mayoría de las causas del país y que este nuevo sistema representa un desafío para las estructuras locales.
Finalmente, Díaz insistió en que el objetivo será intervenir antes de que los adolescentes profundicen sus vínculos con el delito. “La intervención temprana con esta baja de la imputabilidad tiene que evitar justamente que llegue a ese destino que parece pre señalado. Ese es el esfuerzo y el trabajo de todos los organismos del Estado”, concluyó.
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