Por Abelardo Meza Aguerre, abogado.
En tiempos donde una noticia puede recorrer el país en segundos y una acusación viralizarse antes de que exista una investigación seria, vale la pena recordar una idea tan simple como fundamental: en Argentina, todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
No se trata de una frase hecha ni de una formalidad jurídica. Es uno de los pilares del Estado de Derecho. La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos establecen que nadie puede ser considerado culpable sin un juicio previo, con garantías, pruebas y una sentencia dictada por un juez competente.
Sin embargo, la realidad parece ir muchas veces por otro camino.
La creciente preocupación por la inseguridad, los reclamos de “mano dura” y la presión social para obtener respuestas rápidas suelen generar un clima en el que las garantías constitucionales son vistas como obstáculos en lugar de protecciones. En ese contexto, la presunción de inocencia queda frecuentemente bajo ataque.
La situación se vuelve aún más preocupante cuando observamos quiénes terminan siendo alcanzados con mayor frecuencia por el sistema penal. Basta mirar la composición de las cárceles para advertir que la enorme mayoría de las personas privadas de libertad proviene de sectores vulnerables, con menores recursos económicos y educativos. La pregunta surge inevitablemente: ¿los delitos son patrimonio exclusivo de los pobres? Evidentemente no. Sin embargo, las desigualdades sociales también se reflejan en el acceso a la defensa y en la capacidad de enfrentar un proceso judicial.
A este fenómeno se suma el enorme poder de los medios de comunicación y, más recientemente, de las redes sociales.
Hoy una persona puede ser condenada públicamente mucho antes de que un juez analice las pruebas. Un rumor, una denuncia informal o una noticia presentada de manera parcial pueden desencadenar una verdadera sentencia social. En las redes, el beneficio de la duda suele ser una especie en peligro de extinción.
La repetición constante de determinados hechos genera indignación, miedo y reclamos de castigo inmediato. Pero también puede producir algo más peligroso: la construcción de enemigos. Ya no se juzgan conductas concretas, sino personas. Se las etiqueta, se las señala y se las condena por lo que aparentan ser, más que por lo que efectivamente hicieron.
El problema es que la Justicia no puede funcionar con la lógica de las redes sociales. Mientras la opinión pública suele moverse por emociones, el derecho exige pruebas. Para condenar a alguien no alcanza con sospechas ni con intuiciones. Debe existir un grado muy alto de certeza sobre su responsabilidad. Si persiste una duda razonable, corresponde absolver.
Esa regla puede resultar incómoda en ocasiones. Incluso puede generar frustración. Pero es precisamente la que protege a todos los ciudadanos frente a posibles abusos del poder.
La historia demuestra que las sociedades más autoritarias reducen garantías en nombre de la seguridad, mientras que las democracias fortalecen los mecanismos de control, la independencia judicial y el respeto por los derechos fundamentales.
Por supuesto que los delitos existen y deben ser investigados y sancionados. Las víctimas merecen respuestas y justicia. Pero una sociedad que renuncia a la presunción de inocencia corre el riesgo de terminar castigando personas antes que hechos, sospechas antes que pruebas y prejuicios antes que verdades.
La discusión, en definitiva, es sencilla: cuando aparecen las dudas, ¿preferimos confiar en los impulsos del momento o en las reglas que la Constitución estableció para proteger nuestra libertad?
Porque si algo distingue a una democracia de una tiranía es justamente eso: que la inocencia no se pierde por una acusación, por una portada de diario o por una tendencia en redes. Se pierde únicamente cuando la Justicia, respetando todas las garantías, demuestra lo contrario.
