La detención de Facundo Leal, expresidente de ARSAT, destapó una red de corrupción que involucra a exfuncionarios mendocinos. La causa investiga el robo de materiales valuados en más de USD 150.000, la contratación irregular de una empresa logística y el hallazgo de US$650.000, ketamina y dispositivos de espionaje en el domicilio de Leal.
Una denuncia por el robo de equipamiento tecnológico almacenado en depósitos vinculados a ARSAT terminó revelando una compleja trama de presuntas irregularidades que involucra a exfuncionarios públicos, contrataciones bajo sospecha, hallazgos de drogas y dispositivos de inteligencia.
La causa se inició tras detectarse, en enero de 2024, la sustracción y destrucción de materiales pertenecientes a la empresa estatal de telecomunicaciones que se encontraban almacenados en contenedores ubicados en un predio logístico de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Según la investigación, las pérdidas fueron valuadas en más de 151.000 dólares.
A partir de la denuncia presentada por ARSAT, el fiscal federal Fernando Domínguez impulsó una investigación que derivó en una serie de allanamientos y medidas judiciales sobre exdirectivos de la compañía y responsables de la firma logística contratada para custodiar los materiales.
Entre los principales acusados figura Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández, quien actualmente se encuentra detenido y procesado en una causa paralela. También fueron citados otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la empresa de logística Argentina Logistic Services (ALS).
La investigación sostiene que detrás de las contrataciones realizadas entre ARSAT y ALS habría existido un esquema destinado a favorecer económicamente a determinados actores mediante contrataciones directas y presuntos sobreprecios. Según el expediente, entre 2021 y 2024 se autorizaron órdenes de compra por más de 1,9 millones de dólares y 40 millones de pesos.
Uno de los elementos centrales de la causa son conversaciones extraídas de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. De acuerdo con la fiscalía, los mensajes harían referencia al pago de sobornos y a la distribución de dinero entre funcionarios y empresarios para facilitar contrataciones.
Las declaraciones de empleados y responsables de seguridad también expusieron serias falencias en el control del predio donde se produjo el robo. Testigos señalaron que las cámaras de vigilancia no funcionaban desde hacía más de un año, que no existía monitoreo permanente y que las medidas de seguridad resultaban insuficientes para resguardar el material almacenado.
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El caso adquirió una nueva dimensión tras los allanamientos ordenados por la Justicia. En uno de los procedimientos realizados en un inmueble vinculado a Leal fueron secuestrados 650.000 dólares en efectivo, además de ketamina, cocaína, drogas sintéticas y diversos dispositivos de inteligencia.
Entre los elementos hallados figuraban micrófonos ocultos en objetos de uso cotidiano, inhibidores de señales, rastreadores satelitales y equipos de comunicación especializados, lo que abrió nuevas líneas de investigación relacionadas con presuntas actividades de espionaje.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la causa ya es considerada una de las investigaciones más sensibles vinculadas a empresas estatales en los últimos años y podría derivar en nuevas imputaciones por presuntos delitos contra la administración pública.
Fuente: Infobae
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