Dos agentes de la Prefectura Naval Argentina en Corrientes, bajo tratamiento psicológico y con las armas reglamentarias retiradas, fallecieron con menos de 24 horas de diferencia, lo que encendió las alarmas en el Ministerio de Seguridad de la Nación y abrió una investigación sobre el seguimiento de la salud mental de los efectivos.
Una profunda preocupación institucional y un clima de hondo pesar atraviesan a las filas de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la región. En un lapso menor a 24 horas, dos integrantes de la fuerza federal que se encontraban bajo estricto tratamiento psicológico y con el arma reglamentaria retirada por carpetas médicas fallecieron en el norte correntino, abriendo una urgente investigación judicial y administrativa sobre el seguimiento de la salud mental de los agentes.
Los trágicos episodios, que se registraron de forma consecutiva entre el miércoles y la mañana del jueves, encendieron las alarmas de los altos mandos del Ministerio de Seguridad de la Nación debido a los alarmantes denominadores comunes que comparten ambas causas: problemas de salud mental, vulnerabilidad laboral y la falta de portación de armas que, en uno de los casos, derivó en una vulneración de los protocolos internos de la fuerza.
El primer caso: un joven agente aplastado en la Ruta 12
La seguidilla fatídica comenzó durante la tarde-noche del pasado miércoles 10 de junio en la jurisdicción de la localidad de San Cosme. En el kilómetro 1.070 de la Ruta Nacional N° 12, un joven marinero de 26 años perdió la vida de forma instantánea al arrojarse deliberadamente bajo las ruedas de una camioneta Ford EcoSport que transitaba por la arteria nacional, conducida por un hombre mayor de edad que no pudo evitar el impacto.
La investigación determinó que la víctima se encontraba en situación de disponibilidad administrativa dentro de la institución mientras se desarrollaba un sumario interno, motivo por el cual la fuerza ya le había retirado su pistola reglamentaria. Fuentes cercanas al entorno familiar confirmaron que el joven atravesaba un severo cuadro de depresión alimentado por una crítica situación financiera, acumulación de deudas y la incertidumbre por su futuro laboral.
Segunda tragedia: un ayudante se quitó la vida en un predio de la fuerza
Mientras la fuerza aún asimilaba el impacto del primer suceso, durante la mañana del jueves 11 de junio se constató el segundo deceso dentro de un predio operativo de la propia Prefectura. El hecho tuvo lugar en una propiedad que la institución ocupa sobre la calle Estados Unidos al 400, en el barrio Itatí de la capital correntina.
Allí fue hallado sin vida el Ayudante de Segunda P.G. Soria, de 46 años, un efectivo oriundo de la localidad de Monte Caseros que prestaba servicios en la sección Capital. Al igual que el joven de San Cosme, Soria se encontraba bajo tratamiento psicológico activo y tenía prohibido portar o retirar armamento institucional.
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Los primeros relevamientos periciales ordenados por la Justicia provincial arrojaron un dato sumamente complejo para la causa: ante la falta de su pistola propia, el suboficial habría tomado el arma reglamentaria de otro camarada de la fuerza para llevar a cabo su trágico propósito dentro de las instalaciones.
Investigación de oficio y reclamo por la salud mental
En ambos casos interviene la justicia provincial en turno, bajo la carátula preventiva de «averiguación de causales de muerte», ordenando peritajes balísticos en el predio del barrio Itatí y relevamientos accidentológicos en la Ruta 12.
Las sucesivas muertes en menos de dos días reabrieron de forma inmediata el debate en el Litoral sobre la necesidad de blindar los gabinetes psicofísicos de las fuerzas federales y de implementar redes de asistencia temprana eficaces que no se limiten únicamente al desarme preventivo del agente, sino que brinden un acompañamiento integral ante situaciones de endeudamiento crónico, desarraigo y estrés postraumático.
Con información de medios correntinos
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