En respuesta a un reiterado pedido de todo el sistema judicial, la semana próxima se presentará en la Legislatura el proyecto de reforma procesal penal, largamente trabajado por especialistas del Poder Judicial, del Legislativo y del Colegio de Abogados. La separación de funciones entre quienes investigan, acusan y juzgan y la oralidad como recurso durante el proceso, son características centrales. Los jueces se concentrarán en hacer cumplir las garantías del proceso y los fiscales se encargarán de llevar la investigación.
Las reuniones previas a la sesión de la Legislatura se convirtieron en escenario central de la política misionera. En ese contexto el diputado Carlos Rovira, “mentor” de Encuentro Misionero, anunció que la semana próxima ingresaría al Legislativo el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia.
Se trata de una iniciativa trabajada con mucho detenimiento por representantes del los poderes Judicial y Legislativo, con aportes del Colegio de Abogados, que llegó como respuesta a un insistente pedido del Poder Judicial en su conjunto y de abogados de distintos puntos de la provincia que vienen exigiendo un sistema que sea más rápido y eficaz, pero que al mismo tiempo cumpla con todas las garantías y proteja a las víctimas.
Especialistas en la materia que participaron de la redacción del proyecto aseguran que se trata de un cambio de paradigma tan o más importante que el que se dio con la instrumentación del Consejo de la Magistratura, mecanismo mediante el cual ya se designaron más de 150 jueces y que también fue impulsado por el exgobernador Carlos Rovira.
Uno de los cambios más importantes consiste en la consolidación de un sistema acusatorio que separará funciones quienes investigan, quienes acusan y quienes juzgan.
Siguiendo el modelo de Estados Unidos, el juez dejará de concentrar el protagonismo absoluto para centrarse en verificar que se cumplan las garantías en todas las etapas del proceso mientras que el fiscal será el encargado de llevar adelante la investigación.
el juez dejará de concentrar el protagonismo absoluto para centrarse en verificar que se cumplan las garantías en todas las etapas del proceso y el fiscal será el encargado de llevar adelante la investigación.
La oralidad ocupará un lugar central, permitiendo que las decisiones más importantes se adopten en audiencias públicas, transparentes y contradictorias.
La reforma también avanza decididamente en materia de acceso a la justicia. Se eliminan obstáculos innecesarios para la recepción de denuncias, se fortalecen los mecanismos de asistencia a las víctimas y se promueve una justicia más cercana a la comunidad.
En ese mismo sentido, la reforma impulsa un principio de desformalización que busca superar prácticas burocráticas innecesarias y concentrar los esfuerzos del sistema en la solución de conflictos y la protección efectiva de los derechos.
Uno de los aspectos más importantes de esta transformación es el fortalecimiento de la víctima. Se amplían sus derechos de información, participación, protección y acompañamiento. La víctima deja de ocupar un lugar secundario y pasa a convertirse en un actor central del proceso penal.
Justicia restaurativa y duración razonable
El proyecto incorpora mecanismos de justicia restaurativa, conciliación y soluciones alternativas. La reforma reconoce que la finalidad del sistema penal no es únicamente la imposición de una pena, sino también la solución de los conflictos y la reconstrucción de la paz social cuando ello resulte posible.
La reforma promueve además una duración razonable de los procesos judiciales. Una justicia que demora excesivamente sus decisiones afecta tanto a las víctimas como a las personas sometidas a proceso y debilita la confianza de la sociedad en las instituciones.
Especial importancia tiene la incorporación de una perspectiva de inclusión y vulnerabilidad. El proyecto contempla mecanismos destinados a garantizar un acceso efectivo a la justicia para niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y pueblos originarios.
Legitimación de pueblos originarios: Permite actuar en defensa de derechos colectivos en determinados supuestos y reconoce la diversidad cultural contemplando sus particularidades en el proceso.
Investigación criminal y CIJC
La reforma también fortalece la capacidad de investigación criminal mediante la consolidación de estructuras técnicas especializadas.
En este sentido, la institucionalización del Cuerpo de Investigaciones Judiciales Complejas constituye una de las innovaciones más trascendentes del proyecto. Su incorporación como órgano técnico-científico especializado representa un paso fundamental para la consolidación del sistema acusatorio.
El sistema acusatorio ya no se sostiene sobre el expediente; se sostiene sobre la prueba. Y la calidad de esa prueba depende cada vez más del conocimiento científico y técnico que pueda incorporarse a la investigación.
La reforma también reafirma la importancia de la investigación científica como uno de los pilares del proceso penal moderno. Criminalística, informática forense, análisis criminal y conocimiento técnico especializado pasan a ocupar un rol central en la búsqueda de la verdad.
Evidencia digital y estándares internacionales
Otro aspecto de gran relevancia es la consolidación de un régimen moderno de evidencia digital. Nuestra provincia ya había dado pasos importantes en esta materia, pero esta reforma sistematiza, ordena y fortalece ese marco normativo, incorporando mayores garantías y adecuándolo plenamente a la lógica del nuevo sistema acusatorio. De esta manera, Misiones se alinea con los estándares internacionales más modernos en materia de investigación digital.
La criminalidad actual es cada vez más compleja, más organizada y más tecnológica. Por ello, la reforma incorpora herramientas modernas de investigación, fortalece las capacidades de análisis criminal, regula adecuadamente la evidencia digital y permite la utilización de recursos tecnológicos acordes a los desafíos de las investigaciones contemporáneas, siempre bajo control judicial y con pleno respeto de las garantías constitucionales.
La tecnología no reemplaza a los jueces, fiscales ni defensores. La tecnología debe estar al servicio de la justicia. Su función es mejorar la capacidad de investigación, fortalecer la producción de prueba científica y permitir respuestas más eficientes frente a nuevas formas de criminalidad. Asimismo, el proyecto contempla la utilización de recursos tecnológicos especializados de apoyo para investigaciones complejas, permitiendo que la justicia cuente con capacidades acordes a las modalidades delictivas actuales.
La reforma también moderniza el régimen de medidas cautelares y de coerción personal. La prisión preventiva se mantiene como una medida excepcional, fundada en riesgos procesales concretos y sometida a estricto control judicial.
Eficacia y garantías
Pero quizás el mayor valor de esta reforma sea que logra equilibrar dos objetivos que muchas veces se presentan como contrapuestos: mayor eficacia y mayores garantías.
En definitiva, esta reforma moderniza simultáneamente el modelo procesal, el acceso a la justicia, la protección de las víctimas, la investigación criminal, la producción de prueba científica y la incorporación de herramientas adecuadas para enfrentar los desafíos tecnológicos del presente y del futuro.
