Un proyecto para exigir pruebas fotográficas o videográficas en las infracciones de tránsito derivó este jueves en un intenso debate en el Concejo Deliberante de Posadas, donde no faltaron cuestionamientos a las fotomultas, críticas a los radares y hasta una chicana entre concejales.
La iniciativa del concejal Fernando Zarza (bloque Hacemos) propone modificar el Régimen de Penalidades para Infracciones de Tránsito de la ciudad e incorporar la obligatoriedad de que las actas cuenten con un respaldo digital como requisito indispensable para su validez. El objetivo es que tanto las infracciones constatadas por inspectores como aquellas detectadas mediante sistemas tecnológicos automáticos estén acompañadas por fotografías o videos que permitan verificar el hecho.
Según el proyecto, las imágenes deberán identificar con claridad la patente del vehículo, mostrar el contexto de la infracción y contener datos precisos sobre fecha, hora y ubicación. Además, se prevé que el material pueda ser consultado por los ciudadanos mediante sistemas digitales y códigos QR.
La discusión, sin embargo, rápidamente excedió el contenido técnico de la propuesta y derivó en un intercambio sobre la legitimidad de los controles de tránsito y las sanciones que actualmente se aplican en la ciudad.
Durante la sesión, el concejal Fernando Zarza volvió a cuestionar la validez de determinadas multas y planteó reparos sobre los mecanismos utilizados para acreditar las infracciones.
En respuesta, el edil Héctor Cardozo, de Encuentro Misionero, señaló las contradicciones que, a su entender, atraviesan el debate. “Unos dicen que se sacan demasiadas fotos, otros que faltan fotos y videos. Hay que ponerse de acuerdo porque confundimos a los vecinos”, expresó.
A su turno, Pablo Argañaraz (LLA) aclaró que su principal objeción no está vinculada a la documentación fotográfica sino a la utilización de ciertos dispositivos de control. “Yo lo que cuestiono es la existencia de radares que están prohibidos por ley nacional”, sostuvo.
El momento de mayor tensión llegó cuando intervino el presidente del Concejo, Jair Dib, quien respondió con una sonrisa a los cuestionamientos de Zarza. “Si tiene alguna dificultad con una multa, le puedo recomendar un abogado”, lanzó, en una frase que provocó reacciones y comentarios entre los presentes.
Los impulsores de la iniciativa argumentan que la incorporación obligatoria de pruebas digitales permitirá fortalecer la transparencia de los procedimientos, brindar mayores garantías a los conductores y agilizar la resolución de los descargos ante el Tribunal de Faltas.
El proyecto también contempla excepciones para determinadas infracciones cuya naturaleza impida obtener un registro visual, como algunas faltas documentales o los casos de alcoholemia positiva, que cuentan con otros elementos probatorios específicos.
Mientras la propuesta continúa su recorrido legislativo, el debate dejó al descubierto las diferencias de criterio que persisten dentro del cuerpo deliberativo respecto de los controles de tránsito, las fotomultas y la forma en que deben acreditarse las infracciones en la capital provincial.
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