El ministro de Desregulación y el jefe de Gabinete se sumaron a la "Inocencia Fiscal", un sistema que simplifica Ganancias, pero genera controversia por la ausencia de controles patrimoniales. Esta situación levanta sospechas sobre la transparencia de los funcionarios públicos y el impacto en la lucha contra la evasión fiscal.
Federico Sturzenegger, adhirió al régimen simplificado de Ganancias previsto por el ARCA, tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal. Así, se sumó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también se inscribió este martes 10 de junio.
La ley de Inocencia Fiscal prevé que accedan al sistema de Impuesto a las Ganancias Simplificado solo las personas que tienen ingresos de hasta $1.000 millones al año o un patrimonio de $10.000 millones, según detallaron fuentes cercanas al funcionario.
El ex diputado libertario José Luis Espert también adhirió al régimen. La normativa, recientemente reglamentada, constituye uno de los cambios más polémicos en la política tributaria del país, según indicaron diversos análisis.
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Inocencia Fiscal: un régimen que genera controversia
Bajo la premisa de “devolver la libertad” a los contribuyentes, la ley abandona la presunción de culpabilidad que históricamente caracterizó al sistema impositivo argentino y establece que los ciudadanos son inocentes hasta que el fisco demuestre lo contrario.
El Gobierno “vendió” la ley como un avance hacia un esquema más transparente y menos burocrático. Sin embargo, la adhesión de altos funcionarios encendió las alarmas sobre el verdadero propósito de la normativa.
El régimen permite que los contribuyentes presenten una declaración jurada simplificada, en la cual ARCA predetermina el impuesto con base en ingresos y gastos deducibles. Lo novedoso es que ya no se investigan variaciones patrimoniales ni gastos personales. En otras palabras, el Estado renuncia a controlar el origen de los fondos, lo que en la práctica equivale a un blanqueo encubierto, según sostienen algunos especialistas.
Este aspecto es particularmente problemático cuando quienes se acogen al sistema son funcionarios públicos, responsables de diseñar y ejecutar políticas económicas. La adhesión de Sturzenegger, Espert y Adorni transmite la idea de que la ley fue concebida para proteger a la élite gobernante de eventuales cuestionamientos sobre la evolución de sus patrimonios.
Mecanismo de impunidad
El discurso oficial, encabezado por Luis “Toto” Caputo y el propio Espert, insiste en que el régimen no es una amnistía ni un blanqueo, sino un cambio de paradigma. Sin embargo, los resultados concretos muestran otra realidad.
Más de 80.000 contribuyentes ya se inscribieron, pero el ingreso de dólares al sistema financiero fue mínimo: apenas US$973 millones en tres meses. El objetivo declarado de captar parte de los US$170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema formal parece lejos de cumplirse.
En cambio, lo que sí se logró fue ofrecer un mecanismo de impunidad fiscal a quienes tienen capacidad de influencia política, según la perspectiva de algunos analistas. El problema central radica en la contradicción entre el espíritu de la ley y su aplicación práctica.
Si bien la simplificación tributaria es una demanda legítima, la ausencia de controles patrimoniales debilita la capacidad del Estado para combatir la evasión y el lavado de dinero. Además, la adhesión de funcionarios genera un conflicto ético: quienes deberían dar el ejemplo de transparencia se benefician de un régimen que les permite ocultar el origen de sus bienes.
La confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cuando las reglas parecen diseñadas para favorecer a los poderosos, según el análisis de expertos en la materia. En definitiva, el régimen de Inocencia Fiscal refleja la tensión entre la necesidad de modernizar el sistema tributario y el riesgo de institucionalizar la impunidad. La adhesión de Sturzenegger y otros funcionarios confirma que la ley no solo busca simplificar trámites, sino también blindar patrimonios.
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