El jefe de Gabinete y su esposa se adhirieron a la Ley 27.799, una normativa que funciona como un “blindaje fiscal” e impide que el Estado revise las declaraciones juradas de años anteriores. Mientras la pareja utiliza este beneficio para congelar los controles de la ARCA, la Justicia federal avanza en una causa penal y aguarda los peritajes contables sobre sus casas en countries, viajes en aviones privados y movimientos con criptomonedas que no cierran con sus ingresos oficiales.
En medio de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adoptó junto a su esposa una estrategia de blindaje fiscal ante la ARCA. La pareja se amparó en los beneficios de la Ley 27.799 para bloquear futuras revisiones sobre sus declaraciones juradas. Sin embargo, en los tribunales federal de Retiro advierten que esta contabilidad simplificada no frena el avance de la investigación criminal sobre sus bienes, deudas y gastos.
Fuentes oficiales explicaron que la adhesión del matrimonio a este régimen no implicó un “blanqueo” o depósito de dólares no declarados. Además, aclararon que la justificación sobre el origen de los fondos para la adquisición de sus bienes no se realizó por esta vía. Las mismas fuentes indicaron que el régimen simplificado agiliza la declaración impositiva, ya que el fisco completa el trámite. Para ellos, la medida no tiene relación con la inocencia fiscal.
Angeletti adhirió el 31 de mayo a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, aunque la mujer no se habría amparado en el régimen de inocencia fiscal. Además, precisaron que el jefe de Gabinete adoptó la misma estrategia impositiva. Desde el entorno de Adorni, afirmaron que “no va a ser para blanquear dinero” y que “no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal”. La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicaría, en parte, por tenencia de criptomonedas.
La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ofrece, en caso de ser aceptados, un “tapón fiscal”. Este mecanismo bloquearía a la ARCA de revisar a la pareja por períodos fiscales anteriores, incluido el 2025, año en que el jefe de Gabinete y su esposa realizaron movimientos que la Justicia investiga por posibles inconsistencias. Sin embargo, en 2025 no se podían declarar dólares no registrados, ya que la Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en febrero. Si se concede el beneficio, ARCA no podrá analizar la ecuación patrimonial de sus bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024, además del año base de 2025.
La investigación judicial en curso
Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas. Esta causa por presunto enriquecimiento ilícito podría derivar en una indagatoria y se cruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este o un viaje de su esposa a Iguazú.
El avance del expediente depende de dos informes que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Un informe busca establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no, y el otro analiza comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones prepara un estudio contable para definir si existió un incremento patrimonial injustificado.
Además, en caso de detectar irregularidades, se busca medir su magnitud. Este análisis cruza ingresos, deudas, pagos relevantes para la compra de propiedades y gastos corrientes. La revisión financiera estaría lista entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Cuando la DAFI establezca una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.
Bienes y gastos bajo la lupa
Si recibe el requerimiento, Adorni podrá responder de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.
La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato. Si su descargo no desarma la hipótesis delictiva que impulsa el fiscal, el siguiente movimiento sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro. La pesquisa patrimonial incluye un foco específico sobre las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque los investigadores sospechan que podría haber más activos digitales y no descartan que algunos le pertenezcan sin estar registrados a su nombre.
La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. En ese expediente, Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, presidente de esa empresa. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de USD 7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia.
Por otro lado, la adhesión al régimen de inocencia fiscal por parte de Adorni y su esposa solo implica un atenuante para la cuestión impositiva, pero no los exime de la investigación por enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita está dispuesto a ir a fondo y tiene mucha información sobre los gastos del jefe de Gabinete. En tribunales, sostienen que “parece que Adorni está lleno de inconsistencias”. Pollicita aguarda la presentación de la declaración jurada de Adorni para cotejar esos datos con los requerimientos de justificación patrimonial que ya solicitó a través de la DAFI. En la Justicia, dicen que si los gastos no cierran respecto a los ingresos, Adorni la tendrá difícil más allá de la contabilidad creativa.
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