El ala judicial ligada a Karina Milei intimó a la fundación de Santiago Caputo y desató un escándalo de desconfianza en la Casa Rosada. En paralelo, Diego Santilli activó misiones de diálogo con Carlos Rovira y Hugo Passalacqua en busca de gobernabilidad, mientras el bullrichismo presiona para meter al misionero Martín Arjol en las listas del 2027.
Detrás del optimismo macroeconómico que el presidente Javier Milei exhibió ante el círculo rojo en el Congreso del IAEF —donde vaticinó que si la economía sale bien de cara al 2027 «no nos para nadie»—, la estructura interna de La Libertad Avanza (LLA) navega en un mar de sospechas. La mesa chica del oficialismo enfrenta una profunda división en su estrategia política: por un lado, un sector promueve acuerdos urgentes con los gobernadores dialoguistas; por el otro, el ala dura comandada por Karina Milei defiende un esquema de intransigencia y verticalismo que ya generó severas derrotas legislativas en el Congreso.
El foco de mayor divergencia se encuentra en la cartera judicial, un área que desató un nuevo e inesperado capítulo de hostilidades. El malestar público de las últimas horas se originó cuando la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la órbita del ministro Juan Bautista Mahiques, intimó formalmente a la Fundación Faro —el influyente think tank de los laderos de Santiago Caputo— a presentar en un plazo de diez días su listado de donantes y movimientos financieros.
El propio asesor presidencial ironizó en sus redes sociales tildando la medida de «total casualidad», mientras su entorno acusa directamente a los operadores judiciales de la hermana del Presidente de utilizar las palancas del Estado para presionarlos, en una venganza interna tras la baja de varios pliegos de jueces semanas atrás.
La misión de Santilli y el «factor Misiones»
La cúpula del Gobierno sabe que el limbo político que significará el Mundial de Fútbol de este año será la última ventana de tiempo para definir alianzas estratégicas. En ese ajedrez, los estrategas libertarios buscan enmendar errores del pasado, como la denominada «Negociación Valdés» en Corrientes, donde la negativa a consensuar con el radicalismo local pavimentó las posteriores derrotas oficialistas en el Parlamento y propició el reciente e impactante acercamiento del correntino con Axel Kicillof.
Para evitar un escenario de aislamiento total, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió luz verde del karinismo para activar una línea de negociación fluida con las provincias que garantizan gobernabilidad. En las últimas semanas, Santilli encabezó reuniones clave de carácter electoral con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y, fundamentalmente, con el conductor de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua y el conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira.
La Casa Rosada busca incluir en la mesa de negociación el reparto de pliegos de jueces y fiscales en el interior a cambio de apoyo legislativo, abriendo el juego a un pragmatismo político que hasta hace poco era rechazado por las «Fuerzas del Cielo».
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El dilema Bullrich y la presión sobre el armado electoral
El otro gran dolor de cabeza para el esquema de Karina Milei es el vertiginoso empoderamiento de la senadora nacional Patricia Bullrich. Al interior del Gobierno admiten, bajo estricta reserva, que la exministra logró consolidar un espacio de «mileismo crítico», capitalizando el voto duro republicano al diferenciarse de decisiones polémicas del Ejecutivo, como los privilegios concedidos a Manuel Adorni.
Bullrich sabe que si se muestra sumisa, la estructura de la Secretaría General de la Presidencia licuará su capital político, por lo que ya empezó a traccionar autonomía de cara al armado de listas del año próximo. Sus armadores políticos ya pusieron sobre la mesa nombres propios para discutir candidaturas nacionales en las provincias; entre ellos, el del tucumano Mariano Campero y el del diputado radical misionero Martín Arjol. El bullrichismo advierte que La Libertad Avanza no puede repetir la «cerrazón» electoral de los comicios pasados y que ir a la reelección con los gobernadores y los sectores dialoguistas en contra sería un suicidio político masivo.
Fuente: Infobae
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