Funcionarios del Ministerio de Economía defendieron por primera vez en la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover inversiones industriales, tecnológicas y de servicios. Durante un plenario de comisiones, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que la Argentina compite con otros países para atraer grandes proyectos y destacó que el nuevo régimen busca generar condiciones más favorables para captar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
El proyecto del Súper RIGI es una de las iniciativas de mayor relevancia económica que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación. La propuesta busca ampliar y complementar dos esquemas ya vigentes en el país: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Según el texto presentado, el programa establece un umbral mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares y contempla un plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional.
La iniciativa no estará destinada a proyectos vinculados con infraestructura o explotación de recursos naturales, sino a lo que define como “nuevas actividades económicas”. En ese sentido, comprende “todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”, aunque sujeto a las condiciones que establezca la futura reglamentación. Durante su exposición ante el plenario de las comisiones de Presupuesto, Tecnología e Industria, Daniel González explicó que el “Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales no los conocemos así que no queremos dar una lista exhaustiva de esos proyectos”. Luego agregó: “No queremos limitarlo”.
El funcionario sostuvo que el nuevo esquema representa una “evolución del RIGI”, cuyo plazo de vigencia finaliza en julio de 2027. En ese contexto, argumentó que “sería un error intentar extender ese régimen, porque fue posicionado como un régimen excepcional que tenía vencimientos y una cantidad de proyectos apuraron su presentación para llegar”. Asimismo, aclaró que “si un proyecto vuela con el RIGI, no tiene posibilidad del Súper RIGI”, ya que la propuesta también excluye a las iniciativas vinculadas a instalaciones preexistentes.
Aunque la reunión tuvo carácter informativo, legisladores provinciales cercanos al oficialismo adelantaron su respaldo a la iniciativa y destacaron que varias provincias ya adhirieron al RIGI. Entre los ejemplos mencionados se encuentran Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán.
Durante el debate, González defendió los incentivos fiscales previstos por el proyecto y remarcó la necesidad de competir a nivel global por la radicación de inversiones. “Estamos compitiendo por la ubicación de proyectos, entonces tenemos que generar condiciones para que la Argentina esté al tope de la lista del mundo”, afirmó. Entre los beneficios contemplados se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos, inferior al 20% establecido por el RIGI. Además, prevé quebrantos impositivos sin límite temporal, exención de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones y estabilidad tributaria durante un período de 30 años.
No obstante, el funcionario explicó que “el objetivo es distinto al RIGI porque necesitábamos mover inversiones en el cortísimo plazo y que la economía se volviera a mover”. También señaló que el proyecto no establece exigencias de contratación de personal nacional, al considerar que “creemos que las exigencias de empleo local son mala idea”. Sin embargo, reconoció que podría incorporarse un esquema de “Compre Local”, a partir de una sugerencia planteada por un diputado aliado durante el plenario.
Las principales críticas provinieron del bloque de Unión por la Patria, cuyos integrantes manifestaron su desacuerdo con varios aspectos del proyecto. La diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz sostuvo que el espacio acompaña la idea de contar con un régimen de inversiones, pero cuestionó la ausencia de mecanismos que promuevan el desarrollo productivo local. “Porque miramos lo que va a quedar, sin encadenamientos productivos pensados ni direccionados por el articulado de esta ley o sin la exigencia de generar una cadena de proveedores que permitan generar condiciones de generar trabajo”, expresó.
Por su parte, el senador radical Martín Lousteau también manifestó reparos respecto del alcance de los beneficios propuestos. “Seguimos cediendo impuestos y dando privilegios para algunos sectores con un régimen equivocado. No sé cuánta comparación han hecho con el resto de los regímenes que existen en el mundo para atraer este tipo de inversiones, porque el RIGI es muy único en su clase”, cuestionó.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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