La Casa Rosada evalúa convocar esta semana a los rectores de las universidades nacionales para destrabar la negociación por los fondos. La Procuración del Tesoro trabaja en una estrategia legal para que las casas de estudio retiren la cautelar presentada, ante la posibilidad de un desembolso de 2,5 billones de pesos si la Corte Suprema falla en contra del Ejecutivo.
A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la Ley de financiamiento universitario, el Gobierno continúa las negociaciones con los rectores de universidades y evalúa realizar una convocatoria esta semana para cerrar el conflicto judicial por los fondos.
Fuentes oficiales al tanto de las conversaciones confirmaron a TN las tratativas. Estas abarcan desde los reclamos por la recomposición salarial de los docentes y las becas hasta la distribución de los fondos pendientes para los hospitales universitarios, entre otros puntos.
Desde el Gobierno, señalaron que hay buena voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. “Estamos conversando de todo”, ratificaron. Aún así, el encuentro con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) todavía no fue confirmado y podría ser esta semana.
El motivo radica en la complejidad de la estrategia legal del Gobierno, hoy en manos de la Procuración del Tesoro que conduce Sebastián Amerio.
La estrategia del Gobierno para desactivar la demanda de las universidades
El Gobierno les había ofrecido a los rectores transferir los fondos previstos en el proyecto de financiamiento que el oficialismo envió al Congreso en febrero, según había anticipado TN. La iniciativa buscaba reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal, ya que planteaba solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025, y omitía la caída entre diciembre de 2023 y 2024.
A cambio, el Ejecutivo les pide a las universidades retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por la resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En caso de que el máximo tribunal falle en contra del Gobierno, deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades.
En ese contexto, la defensa del Gobierno busca definir la estrategia legal de un acuerdo para garantizar que los rectores suspendan las acciones judiciales en caso de avanzar con la transferencia de fondos.
Desde la Procuración del Tesoro, donde los abogados del Estado trabajan en la letra chica del trato, aseguraron a TN: “Estamos viendo el tema y analizando la situación”.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lideran las negociaciones presupuestarias con las universidades.
Desde el CIN sostuvieron que el Gobierno todavía no realizó ninguna oferta concreta y se mantienen a la expectativa de una propuesta formal.
Mientras tanto, los docentes universitarios continúan con una serie de medidas para visibilizar los reclamos. Entre ellas, la UBA realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires el martes pasado, con un acto central frente al Palacio de Tribunales. Por otra parte, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) encabezó un paro total de actividades por 24 horas el último viernes.
En ese contexto, los gremios anticiparon posibles nuevas acciones para el inicio del segundo cuatrimestre, en función de la evolución de las negociaciones salariales y de la situación presupuestaria de las universidades nacionales.
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