Misiones abrió un nuevo frente de discusión con el Gobierno nacional al reclamar formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el servicio de agua potable, actualmente gravado con una alícuota del 21%.
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Misiones abrió un nuevo frente de discusión con el Gobierno nacional al reclamar formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el servicio de agua potable, actualmente gravado con una alícuota del 21%.
La iniciativa fue impulsada por el EPRAC y representa, según señalaron desde el organismo, el primer planteo formal de este tipo realizado por un ente regulador provincial en Argentina.
La presidenta del EPRAC, Soledad Balán, sostuvo que el agua potable “no puede ser tratada como un bien de lujo” y cuestionó que el Estado nacional mantenga una de las cargas tributarias más elevadas sobre un servicio básico y esencial.
“Si Nación realmente quiere sostener coherencia con su discurso liberal y de alivio fiscal, debería empezar por eliminar impuestos sobre servicios esenciales como el agua potable”, expresó.
“No se puede cobrar 21% sobre un derecho básico”
Desde el organismo remarcaron que el planteo busca abrir una discusión más amplia sobre la estructura impositiva aplicada a consumos esenciales.
En ese sentido, señalaron que resulta contradictorio promover discursos vinculados a la baja de impuestos mientras millones de usuarios continúan pagando una alícuota plena de IVA sobre el acceso al agua.
La propuesta apunta a reducir el impacto de las tarifas en los hogares y generar un alivio concreto para las familias en un contexto económico complejo y de caída del poder adquisitivo.
Según indicaron, una eventual reducción del IVA tendría efecto directo sobre las facturas de agua potable y podría beneficiar a usuarios de todo el país.
Debate nacional sobre servicios esenciales
Desde el EPRAC sostuvieron además que el planteo excede la discusión provincial y busca instalar un debate nacional sobre el tratamiento impositivo de servicios esenciales.
La iniciativa se suma a otros reclamos impulsados desde Misiones vinculados a economías regionales, consumo y servicios públicos, en medio de las tensiones entre provincias y Nación por el esquema fiscal y la distribución de recursos.
Para el organismo, el acceso al agua potable debe ser considerado un derecho básico y no un servicio gravado con una carga tributaria equivalente a la de bienes no esenciales.



