La comunidad de Bella Vista denuncia la inacción judicial tras un ataque a balazos contra adolescentes. Una mujer persiguió a los menores en camioneta tras un encuentro deportivo. El fiscal de la causa es cuestionado por ordenar el allanamiento 14 horas tarde, permitiendo que la sospechosa se deshaga del arma.
La tranquilidad de la localidad correntina de Bella Vista se vio rota por un episodio de violencia extrema. Una mujer, a bordo de una camioneta, persiguió y efectuó disparos de arma de fuego contra un grupo de adolescentes que regresaban de una cena tras una jornada deportiva. El violento hecho, ocurrido el pasado sábado a la madrugada, quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
Según el relato de los padres a medios correntinos la agresora realizó maniobras peligrosas e incluso circuló en contramano para dar caza a los menores. Ante la desesperación, los jóvenes lograron refugiarse en la comisaría local al grito de ayuda.
Duras críticas al fiscal
A pesar de la gravedad del ataque y de las filmaciones que sirven como prueba, la supuesta agresora permanece en libertad. Las familias de las víctimas apuntan directamente contra el fiscal Sergio Freitag, denunciando una demora injustificada en el procedimiento.
Allanamiento tardío: El operativo en la casa de la sospechosa se realizó 14 horas después del ataque.
Evidencia perdida: Debido a esta demora, la policía no logró hallar el arma utilizada.
Antecedentes: Los vecinos aseguran que la mujer ya cuenta con historial de hechos similares en la ciudad y denuncian que se pasea «como si nada» por las calles.
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Contradicciones en la seguridad local
El caso despertó una fuerte crítica hacia las medidas preventivas en las escuelas de Bella Vista. «A los chicos les exigen ir con mochilas transparentes por protocolo de seguridad ante tiroteos, pero la mujer que disparó sigue libre», cuestionó indignado uno de los padres.
Mientras la justicia demora las medidas restrictivas o perimetrales, el clima de temor crece entre los adolescentes que frecuentan espacios públicos. Las familias exigen protección inmediata y que las grabaciones de las cámaras privadas sean tomadas como prueba contundente para la detención de la atacante.
Fuente: El Litoral
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