En un escenario de máxima tensión marcado por la cuarta Marcha Federal Universitaria y un deterioro presupuestario sin precedentes, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra actualmente paralizada en el ámbito judicial. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene la suspensión y aplica recortes transversales bajo la premisa del equilibrio fiscal, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) busca una ejecución inmediata de los fondos a través de medidas cautelares, dejando el destino de la educación superior en manos de una Corte Suprema que no muestra señales de urgencia.
Este martes, la Plaza de Mayo fue el epicentro de una nueva movilización masiva impulsada por docentes, estudiantes y rectores para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta ocurre en un contexto crítico: solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes entre 2024 y 2026, mientras que los salarios de mayor jerarquía apenas superan la canasta básica. Ante este panorama, la disputa se ha trasladado a los tribunales, donde el Gobierno y las universidades mantienen una pulseada legal con dos vías activas.
Por un lado, el Poder Ejecutivo presentó un Recurso Extraordinario Federal (REF) que llegó a la Corte Suprema la semana pasada. El Gobierno argumenta que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico. Por otro lado, el CIN promovió un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal para que las transferencias comiencen de inmediato, amparándose en que la confirmación de la primera instancia habilita la ejecución pese al recurso oficial.
Desde la Casa Rosada, la estrategia es ganar tiempo, bajo la premisa de que “cada día que gana el Gobierno en este tema es oro”. En el ámbito judicial se especula con que la Corte Suprema podría utilizar el artículo 280 del CPCCN para rechazar el recurso oficial sin necesidad de argumentar, lo que dejaría firme el fallo favorable a las universidades. Sin embargo, fuentes de los tribunales advierten que los supremos no tienen apuro, señalando que “la ansiedad es problema de otros” y que la urgencia es relativa frente a las 60.000 causas que maneja el tribunal.
Mientras se espera una definición, el impacto del ajuste es tangible. El Ejecutivo formalizó un recorte de $78.768 millones mediante la Decisión Administrativa 20/2026, afectando becas e infraestructura. Según el CEPA, la proyección del recorte en Desarrollo de la Educación Superior alcanzará el 41,6% a finales de 2026. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, calificó la situación como “dramática” y advirtió: “Podemos seguir trabajando unos meses más, no años”.
La crisis golpea con fuerza a los hospitales universitarios, como el Clínicas o el Roffo, que atienden a 700.000 personas al año y declararon poder subsistir solo 45 días más sin fondos. En respuesta, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario Alejandro Álvarez, tildaron la marcha de “completamente política”. Álvarez fue tajante al afirmar que “la única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, denunciando además una distribución arbitraria de fondos que beneficiaría principalmente a la UBA sobre las instituciones del interior.
A pesar de la postura oficial, la comunidad universitaria defiende el rol de la institución como motor de movilidad social, destacando que “más del 59% de los ingresantes a la UBA en 2026 son la primera generación universitaria en sus familias”. Por ahora, hasta que la Corte Suprema se pronuncie, el Poder Ejecutivo no tiene la obligación de realizar las erogaciones, manteniendo el financiamiento universitario en un limbo legal y económico.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
