El Concejo Deliberante reglamentó una ordenanza que establece restricciones para quienes figuren en el Registro de Alimentantes Morosos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria.
El Concejo Deliberante de Puerto Iguazú aprobó la reglamentación de una ordenanza que fija sanciones para los deudores alimentarios, en el marco de la adhesión a la Ley IV Nº 31, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones hacia niños, niñas y adolescentes.
La normativa define la autoridad de aplicación y establece una serie de impedimentos para quienes integren el Registro de Alimentantes Morosos de la provincia. Entre las principales restricciones, se encuentra la imposibilidad de renovar la licencia de conducir, obtener habilitaciones comerciales, renovar licencias de remises o prestar servicios al municipio hasta regularizar la situación.
El proyecto fue trabajado durante más de un año en el ámbito legislativo, con la participación de distintas áreas institucionales para garantizar su implementación operativa. La iniciativa unificó propuestas y logró consenso en el Concejo.
Según datos actualizados a abril de 2026, en Iguazú hay 176 personas registradas como deudores alimentarios, en su gran mayoría hombres, lo que refleja la dimensión del problema en la ciudad.
La ordenanza apunta a generar herramientas concretas para el cumplimiento efectivo de la cuota alimentaria, incorporando sanciones que impactan directamente en la actividad cotidiana de los deudores.
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