* Por María Gabriela Barrionuevo
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Las decisiones se toman cada vez más rápido, en público y sin negociación previa. El problema es que ya no está claro bajo qué reglas se están tomando.
En los últimos días circularon versiones sobre la presencia en la Argentina de Peter Thiel. Difícil ubicarlo como un inversor más. Cofundador de PayPal, primer inversor externo de Facebook y figura clave en el desarrollo de compañías como Palantir —dedicada al análisis de datos para agencias gubernamentales y de seguridad—, Thiel se mueve desde hace años en un espacio donde la innovación tecnológica se cruza con intereses estratégicos y estructuras de poder, y donde las decisiones no siempre pasan por los canales visibles de la política.
Según esas informaciones, habría comprado una propiedad en el país y mantenido reuniones durante su estadía, sin que trascendieran con claridad sus interlocutores ni el contenido de esos encuentros.
El dato, en sí mismo, no es extraordinario. Grandes fortunas invierten en distintos países todo el tiempo. Lo que sí llama la atención es otra cosa: que hoy resulte plausible que alguien como Thiel esté observando procesos políticos locales como si funcionaran como un experimento.
Esa sensación no aparece en el vacío. Forma parte de un clima más amplio, en el que distintas lecturas —entre ellas La hora de los depredadores, del ensayista italiano Giuliano da Empoli— describen una etapa en la que ciertos liderazgos dejan de apoyarse en las mediaciones tradicionales —partidos políticos, medios, instituciones— y pasan a actuar con mayor velocidad, menor negociación y una fuerte dependencia de las plataformas digitales para instalar decisiones.
No se trata solo de un cambio de estilo, sino de soporte, porque la política se desacopla de las estructuras que la ordenaban y empieza a apoyarse en sistemas que no deliberan, pero sí organizan lo que se ve, lo que circula y lo que genera reacción.
En ese desplazamiento aparecen otros actores. Ya no operadores clásicos, sino perfiles más difíciles de identificar, que trabajan con datos, algoritmos y emociones y que no buscan tanto convencer como activar, ni necesitan explicar demasiado porque les alcanza con generar respuesta.
En ese esquema, las decisiones políticas ya no siguen un camino ordenado. Se van tomando y ajustando sobre la marcha, en función de las reacciones que generan. Los mensajes y las medidas se van corrigiendo en tiempo real. La política no solo se acelera, también empieza a parecerse más a un sistema de prueba y error que a uno de discusión previa.
Ese modo de actuar se repite en distintos liderazgos actuales. Javier Milei, Donald Trump o Nayib Bukele fijan posición y marcan agenda de manera pública, muchas veces a través de plataformas digitales, sin pasar por los canales tradicionales de negociación previa.
Sin embargo, la idea de que la política se volvió más directa no termina de cerrar. Aunque los líderes se comuniquen y decidan sin pasar por las estructuras tradicionales, los intermediarios siguen ahí, solo que ahora se mueven en espacios menos visibles, como las plataformas digitales —como X o YouTube y, en el caso de Donald Trump, su propia red, Truth Social— por donde hoy pasa buena parte de lo que circula. Y lo que aparece frente a los usuarios no se ordena por relevancia política ni por calidad de la información, sino por lo que genera reacción: más clics, más comentarios, más difusión, lo que termina definiendo qué se vuelve visible y qué queda fuera.
En ese punto, los intermediarios cambian de lugar. Se apoyan sobre mecanismos que organizan lo que circula y, a partir de ahí, influyen en el contexto en el que se toman las decisiones. Las plataformas dejan de ser solo canales de difusión y pasan a formar parte de la estructura en la que se mueve la política, y quienes operan sobre esa estructura terminan influyendo en sus límites.
En esa misma línea, el jurista estadounidense Tim Wu —profesor en Columbia y uno de los principales analistas del poder en la economía digital— viene advirtiendo desde hace años sobre la concentración creciente en manos de un número muy reducido de empresas tecnológicas. No se trata solo de quién desarrolla una tecnología, sino de quién controla la infraestructura sobre la que esa tecnología funciona.
Cuando esa infraestructura queda en manos de pocos actores privados, lo que se concentra no es solo capacidad tecnológica, sino poder de decisión en ámbitos que ya no responden a lógicas políticas ni institucionales.
En ese escenario, lo que se concentra no es solo la innovación, sino también la capacidad de definir las condiciones en las que se organiza la discusión pública.
Por eso el foco se desplaza: ya no alcanza con mirar cómo se comunican los líderes o qué dicen, sino qué hace posible que ciertos mensajes se impongan sobre otros, que algunos temas entren en la discusión y otros queden fuera, y que determinadas posiciones ganen lugar mientras otras desaparecen.
Las plataformas no solo organizan lo que se ve, también permiten seguir en tiempo real cómo reaccionan las sociedades frente a ciertos mensajes y decisiones. Ese cambio introduce algo nuevo: no solo se influye sobre el debate, también se lo observa, se lo mide y se lo ajusta sobre la marcha.
En ese marco, algunos países —especialmente aquellos con menor peso relativo o mayor fragilidad institucional— dejan de ser únicamente espacios de inversión y pasan a ser entornos donde se registran reacciones, se comparan respuestas y donde ciertos límites empiezan a ponerse a prueba. Ahí las decisiones no solo se aplican, también permiten ver cómo responde la sociedad frente a ellas. Eso ayuda a entender lo que puede estar ocurriendo en países como la Argentina.
No se trata de intervenciones directas, sino de observar cómo responden los sistemas políticos para anticipar hasta dónde pueden llegar.
Ese desplazamiento también se ve en hechos concretos.
En el conflicto en Medio Oriente conviven hoy dos formas distintas de tomar decisiones. Por un lado, la de Donald Trump, que anuncia movimientos, presiona y redefine posiciones de manera pública, muchas veces a través de sus propias cuentas en plataformas digitales, desde donde fija posición y marca el ritmo de los acontecimientos. Las advertencias a Irán, las decisiones sobre el bloqueo o desbloqueo del estrecho de Ormuz o la continuidad de una tregua aun en medio de ataques no pasan por instancias reservadas, sino que aparecen a la vista de todos y obligan a reaccionar sin margen de anticipación.
Del otro lado, la lógica tradicional de las alianzas, donde los movimientos se procesan a través de canales diplomáticos, negociaciones previas y coordinación entre actores antes de hacerse visibles. Ese esquema no desapareció, pero quedó desfasado frente a la velocidad y la exposición del primero.
Ahí es donde la tensión se vuelve evidente. Mientras Estados Unidos define posiciones sobre la marcha, países europeos reaccionan en direcciones distintas. España e Italia resisten involucrarse, Francia y Reino Unido negocian condiciones, Alemania revisa su posición. No hay una respuesta coordinada, sino una secuencia de ajustes en tiempo real.
Lo que se está viendo no es el reemplazo de un sistema por otro, sino su superposición: una forma de decidir pública, inmediata y reactiva convive con otra más lenta, basada en la negociación y la coordinación previa, y esa tensión es la que vuelve más difícil anticipar cómo se van a definir las decisiones.
En ese contexto, pensar la presencia de Peter Thiel en la Argentina como la de un inversor más resulta, al menos, ingenuo. No alcanza con ubicarla en el plano de la inversión o de la intervención directa en decisiones locales. Hay otro nivel en juego, donde lo que importa no es tanto la decisión puntual, sino las condiciones en las que esas decisiones se producen.
Desde ahí, el resquemor que generan y las advertencias de sectores como los que expresa Elisa Carrió, dejan de sonar como meras sospechas o exageraciones. No porque exista una intervención concreta comprobable, sino porque lo que está cambiando es el modo en que se ordena el proceso de decisión.
Cuando ese proceso se vuelve menos visible y menos previsible, también se vuelve más difícil saber qué se está decidiendo, en qué condiciones y con qué margen real de intervención. Y eso, cuanto menos, debería inquietarnos.
*Abogada. Especialista en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos, dedicada al análisis práctico de sistemas de cumplimiento, inteligencia artificial y ética.
