El empresario Alfredo Ruff denunció usurpación, daños ambientales y amenazas por parte de un grupo liderado por el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos. Afirma que bajo el argumento de la “propiedad ancestral” miembros de comunidades Mbyá usurpan predios privados y provocan daños al medio ambiente. Mientras que desde el Equipo Misionero Pastoral Aborigen (Emipa) denuncian que avasallamiento y vulneración de derechos por parte del propietario denunciante y de la justicia.
Un operativo judicial realizado ayer terminó con la detención del cacique (mburuvicha), Santiago Ramos, y al menos otros siete hombres que lo acompañaban. El operativo fue en respuesta a varias denuncias por supuestas amenazas, usurpación, daños ambientales y desmonte ilegal en un predio perteneciente al empresario forestal Alfredo Ruff (Lote 78/ Parcela 141). Desde Emipa denunciaron un “desalojo encubierto” y un “accionar ilegitimo”, sin embargo, Ruff consideró “falso” lo difundido por la organización y celebró el accionar de la justicia. “En Misiones vuelve a existir la seguridad jurídica”, expresó en diálogo con Argentina Forestal (www.argentinaforestal.com).
Ruff relató los pormenores de un conflicto que escaló desde intentos de intrusión hasta el asentamiento de familias y la destrucción de recursos naturales protegidos, según relató a Argentina Forestal.
Su testimonio da cuenta de un método que se repite: bajo la bandera de reclamos de territorialidad ancestral, miembros de comunidades Mbya Guaraní ocupan predios de bosques nativos con títulos de propiedad vigentes, provocando tensión, conflictos judiciales y daños ambientales.
Ruff, cuya familia es propietaria de las tierras desde hace tres generaciones en lotes de Garuhapé, detalló que lamentablemente los problemas con la comunidad indígena se repiten en la insistencia de ingresar a la propiedad privada, y las denuncias en la comisaría son constantes por su parte, ante los daños que realizan. Pero el problema se agravó el pasado martes, cuando un grupo de personas ingresó a su lote, y asentándose con carpas dentro de su propiedad.
“Era la tercera vez que intentaron entrar. Esta vez entraron de a uno y cuando nos dimos cuenta en pocos días ya tenían tres casas armadas”, explicó el empresario.
Según el propietario, los usurpadores pertenecían a la comunidad local de Puente Quemado II, sino que habrían sido trasladados desde otras rutas por el cacique Santiago Ramos. “No lo conozco, pero es el responsable de toda esta situación de conflicto”, dijo Ruff a Argentina Forestal.
Durante el tiempo que permanecieron en el lugar, los intrusos no solo ocuparon el terreno, sino que dañaron severamente la faja ecológica cercana a un arroyo, que por la legislación ambiental vigente, se debe respetar.
“Son indígenas, pero en mi lote tumbaron árboles, deforestaron y prendieron fuego. Dejan todo y se van. Están dañando una reserva que es intocable y cuya responsabilidad recae sobre mí”, advirtió Ruff con preocupación por posibles sanciones ambientales.
Ante esta situación, junto con un profesional técnico, relevaron los daños, marcaron los puntos GPS y presentaron las denuncias ante los organismos ambientales correspondientes. “Todo esto, en diálogo con los usurpadores, ya que ellos me exigen a mí que presente mi título mi propiedad para circular en mi lote, insólito”, cuestionó el propietario, que también es nacido en Misiones.
El empresario describió un ambiente de extrema hostilidad durante las inspecciones técnicas, pero debían documentar el daño. “Estaban armados con látigos, arcos y flechas. Fuimos amenazados por entrar a mi propia propiedad”, denunció.
Ruff desmintió las versiones que circularon en algunos medios, las cuales vinculaban el operativo policial con un conflicto de la empresa Arauco. “Esto no es lote de Arauco, es mi propiedad privada, tengo los títulos y los papeles en regla desde hace 21 años que falleció mi padre. El monte es mío”, aclaró, enfatizando que el operativo se realizó específicamente sobre las familias que intrusaban su lote.
El lote en disputa forma parte de un territorio relevado bajo la Ley 26.160, normativa vigente desde 2006 que reconocía la ocupación ancestral de comunidades indígenas y suspendía desalojos hasta tanto se completara el relevamiento técnico-jurídico-catastral a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, el escenario cambió de manera significativa tras la derogación de esta ley mediante el Decreto 1083/2024 del gobierno de Javier Milei, que dejó sin efecto el régimen de emergencia territorial indígena vigente durante 18 años. La medida, orientada a promover inversiones y reforzar derechos de propiedad privada, reconfiguró el marco legal y profundizó tensiones latentes entre comunidades y propietarios en el territorio.
Detención “ilegítima”
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) calificaron la detención de Ramos como “ilegítima”, al sostener que “nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”. En un comunicado difundido tras el operativo, la organización denunció además irregularidades en el accionar policial.
“Los efectivos ignoraron disposiciones internas que establecen que cualquier notificación a comunidades Mbya debe realizarse por escrito, en castellano y guaraní, y con presencia de intérpretes. Nada de esto fue respetado”, señalaron.
El hecho se produce pocos días después de que el caso de Puente Quemado II fuera presentado ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde la lideresa Mbya Keila Zaya denunció la falta de respuesta del Estado argentino frente a los reclamos territoriales, así como el avance de actividades productivas sobre tierras comunitarias.
“El procedimiento fue abrupto, sin explicaciones claras, generando temor y desconcierto en las familias”, indicaron. Además, confirmaron la detención de al menos siete hombres, a quienes se les secuestraron los teléfonos celulares.
Una vez en la dependencia policial, las mujeres fueron interrogadas sobre datos personales y familiares, y separadas de los hombres. Para las organizaciones, este accionar constituye “una grave vulneración de derechos”, especialmente por involucrar a niños en un procedimiento sin garantías adecuadas.
Seguridad jurídica
Ruff destacó la celeridad del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico ante la denuncia presentada por usurpación, ya que la rapidez en el accionar judicial es vital ante estas situaciones en el territorio. “La policía actuó rápido y la justicia hizo los pasos como corresponden. Esto es un precedente histórico para Misiones”, afirmó.
Para el empresario, este fallo es vital para el futuro económico de la región: “Si no hay seguridad jurídica real, ¿quién va a venir a invertir o a desarrollar el campo? Este operativo realizado hoy, para lo cual tuve que viajar desde el sur del país hasta Misiones por mis actividades, vale mucho porque protege no solo mi propiedad, sino la confianza de todos los que quieren producir en la provincia”.
Actualmente, la justicia mantiene demorado a quien se señala como el principal instigador de la toma, el cacique de la comunidad de Puente Quemado II, Santiago Ramos, mientras Ruff y los vecinos de la zona esperan que este sea el inicio del fin de una larga etapa de inseguridad e impunidad con la que se manejan organizaciones que alientan a las comunidades a usurpar tierras privadas con bosques nativos en Misiones.
En la entrevista, el empresario fue crítico sobre la situación con la que se presenta a las comunidades indígenas. “No es real que son todos pacíficos, ni tampoco que son los custodios del monte. Son muchos colonos que se acercan para compartir el temor de tener vecinos de comunidades, ante los robos, el consumo, y la impunidad con la que se manejan en la zona rural”, planteó.
Ruff también mencionó que su hijo, que estuvo unos años al frente de las actividades productivas de la propiedad, decidió no continuar en el negocio forestal debido a estas presiones, dejando al empresario solo al frente de la gestión de sus tierras. “En mi caso, crecí en el monte, esta es mi tierra y la voy a defender. Hoy estoy muy agradecido por el accionar de la Policía y la Justicia, vuelve a existir seguridad jurídica en Misiones”, expresó el empresario.
Elaborado con información de Argentina Forestal
