La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes nuevos elementos con la declaración del arquitecto encargado de refaccionar su casa de fin de semana. El contratista detalló costos, plazos de obra y modalidad de pago, en el marco de una causa que busca determinar el origen de los fondos del funcionario.
El arquitecto Matías Tabar declaró este lunes ante la Justicia y aportó detalles sobre las refacciones realizadas en la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Durante su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Tabar confirmó que las obras tuvieron un costo total de 245 mil dólares, abonados en efectivo y sin factura. Además, describió el cronograma de ejecución y la modalidad de pago.
Según explicó, los trabajos se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en una propiedad emplazada sobre un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas incluyeron la realización de pisos, intervenciones en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
El arquitecto, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto fue cancelado en su totalidad por Adorni en dos tramos: una primera entrega de 55 mil dólares en 2024 y los 190 mil restantes a lo largo de 2025.
Otro dato relevante que surgió de la declaración es que, mientras se desarrollaban las refacciones, el jefe de Gabinete alquiló otra vivienda dentro del mismo country, lo que implicó un gasto adicional de 13 mil dólares durante ese período.
Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó información sobre las personas que participaron en la obra —entre ellos albañiles, plomeros y electricistas—, con el objetivo de reconstruir la dinámica de los trabajos y verificar la consistencia de los pagos declarados.
La causa por el patrimonio
La declaración del arquitecto se enmarca en una causa judicial que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados por Adorni para la compra y puesta en valor de sus propiedades. La investigación apunta a determinar si los gastos detectados se corresponden con los ingresos declarados por el funcionario en los últimos años.
En sus recientes apariciones públicas, Adorni —vocero del presidente Javier Milei— negó haber incurrido en enriquecimiento ilícito y aseguró que puede justificar más de 100.000 dólares ya invertidos, así como otros 335.000 dólares que deberá abonar antes de noviembre, exclusivamente en propiedades.
La causa continuará el próximo miércoles con la declaración de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que el funcionario le debe dinero. Miano, además, es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento donde reside Adorni en el barrio porteño de Caballito.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
