Furante la reapertura de la Sala de Periodistas en Casa Rosadas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, eludió nuevamente las preguntas sobre el crecimiento de su patrimonio y sus viajes personales, y reiteró que solo brindará explicaciones en el ámbito judicial. Además, defendió el nuevo protocolo de seguridad en Casa Rosada, que generó polémica entre los periodistas.
Adorni se amparó en que sus dichos podrían interferir en la investigación judicial en curso, una estrategia que ya había utilizado en ocasiones anteriores.
El funcionario reiteró la misma respuesta que ya había dado en la Cámara de Diputados: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la cámara de Diputados el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”. Además, Adorni aclaró que “el Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales, es por eso que informé siempre el carácter privado de mis erogaciones”.
Adorni tampoco desmintió una consulta sobre el pago de presuntos sobresueldos en el Estado y optó por omitir una respuesta. Frente a una pregunta sobre un supuesto viaje familiar a San Carlos de Bariloche, dijo que no responde “a publicaciones periodísticas”. Sin embargo, el Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial para desacreditar a la prensa y denunciar supuestas fake-news.
El jefe de Gabinete tampoco dio precisiones sobre su declaración jurada de bienes. “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, será en ese plazo en que sea formulada el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado. Ya di mi explicación; si tengo que dar más explicaciones lo haré en la Justicia”, afirmó. Además, reforzó su postura y dijo: “Voy a presentar mi declaración jurada en tiempo y forma, como siempre”.
Cuestionamientos a su patrimonio
El anexo reservado de su última presentación fue presentado con demoras. Se trata del capítulo en el que remite que Bettina Angeletti, su esposa, compró una casa en el country Indio Cuá el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió consignar esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.
Adorni afirmó que los viajes con su familia no fueron financiados por terceros ni fueron un obsequio. “Nunca existió ocultación alguna”, aseguró, aunque hasta el momento no dio detalles sobre los pagos en efectivo de sus viajes a Aruba o el vuelo en jet privado a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandio, dueño de una productora de TV que tiene contratos con el Estado.
El funcionario justificó que su esposa y su familia tengan custodia pagada por el Estado. “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”, señaló.
Al respecto, el jefe de Gabinete subrayó: “El miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado [por Rodolfo Tailhade] casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de Gabinete, que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del Gobierno”.
Cierre de la sala de prensa
Adorni hizo alusión a la polémica generada por el cierre de la sala de periodistas durante 11 días y defendió la medida tomada por el Gobierno. “Desde el primer día este Gobierno le abrió las puertas al periodismo; bajo ningún gobierno tuvieron tanta libertad de decir lo que quieran, cuándo y dónde quieran”, consideró.
Debido a la grabación de imágenes sin permiso en Casa Rosada con anteojos con cámara, el Gobierno no dejó entrar a los acreditados de los canales Todo Noticias y eltrece, ambos del Grupo Clarín. “¿Les parecería normal que un periodista se infiltre en la Casa Blanca con lentes espías y no haya consecuencias? Es evidente que está mal“, añadió.
“Después de una semana de evaluación, la Casa Militar adoptó un nuevo protocolo para evitar este tipo de acciones. Esto no es amenazar al periodismo, no es amenazar la libertad de expresión. Estamos a favor de la libertad de prensa», remarcó el vocero, y aseguró también que “todo va a volver a la normalidad”.
Adorni justificó: “Todo es en pos de la seguridad del Presidente y del cuidado de la Casa de Gobierno. Es su responsabilidad de todos los que estamos aquí en la Casa Rosada”.
En medio de tensiones con los medios, el Gobierno endureció en mayo del último año los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados. Además de achicar la cantidad de acreditaciones, introdujo una serie de requisitos vía resolución que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio. También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar” en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”. En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada, según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que el jueves 23 del mes pasado se extendió a todos los medios.
A principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa, contra Ucrania y su entonces aliado, el gobierno de Milei, derivó en la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de un puñado de medios, entre ellos A24.com, Ámbito Financiero, El Destape y Tiempo Argentino.
La controversia se resolvió el viernes 17, con el reingreso de los periodistas, aunque dos días después la emisión del programa que Luciana Geuna conduce en TN derivó en la última escalada, con denuncia penal de Casa Militar contra ese canal y la prohibición general. El cierre derivó en el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales. Con información de La Nación.
