Desde el sector inmobiliario de Misiones advierten que la desregulación nacional busca una «desprofesionalización» del mercado

Julia Acosta Azoya, referente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, advirtió que la desregulación impulsada por el Gobierno Nacional busca favorecer a franquicias extranjeras y advirtió sobre los riesgos de estafas. Defendió la matriculación profesional como la única garantía de seguridad jurídica para los ciudadanos.

Entrevista Santa María de Las Misiones

Julia Acosta Azoya, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Misiones y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, se refirió a las declaraciones del ministro y advirtió sobre las consecuencias de estas medidas.

Acosta Azoya indicó que las propuestas de desregulación no sorprenden al sector. Explicó que un diputado del PRO planteó este tema en su momento y la agenda se retoma ahora. Además, aclaró que los corredores inmobiliarios no son un paso obligado en una operación inmobiliaria. “Las partes pueden intermediar tranquilamente, vender, comprar, Doña Rosa con Don Pedro, lo puede hacer tranquilamente, no somos un paso obligado”, afirmó.

La referente del sector expresó su preocupación por el uso del término “desregulación”. “Uno dice desregularización, desregulación, que queda muy lindo, bueno, hablamos de la libertad, etcétera, etcétera, pero acá estamos hablando de manera indirecta o lo que queremos cubrir es una desprofesionalización”, sostuvo.

La importancia de la matriculación

Acosta Azoya destacó la función de los profesionales colegiados. Explicó que el Estado delegó en las provincias la facultad de tener un poder de policía y las provincias, a su vez, lo delegaron en los colegios. La Ley de Colegiación, promulgada en 1999 y vigente desde el año 2000, crea un marco de protección jurídica para quienes intervienen en una operación inmobiliaria.

Para la profesional, existen intereses mayores detrás de estas propuestas. “Hay franquicias, grandes franquicias de nivel mundial que hoy por hoy sabemos que operan sin profesionales matriculados”, aseveró. La matrícula regula al profesional, y si un corredor inmobiliario matriculado tiene comportamientos poco éticos o actitudes que no condicen con su rol profesional y afectan una operación, existe una institución donde la persona afectada puede presentar una denuncia. “Eso tiene una consecuencia para un profesional matriculado y eso es lo que hace que nosotros tenemos que estar actuando dentro del marco de la ética, tenemos que tener formación continua, porque hoy por hoy, así como todo cambia a pasos agigantados, también las partes jurídicas, contables, impositivas, todo cambia”, explicó.

Además, Acosta Azoya precisó que los colegios cobran una cuota que reinvierten en beneficio de los matriculados a través de formaciones y convenios. Subrayó que la actividad de los dirigentes es ad honorem. “Nos preocupa esto de que una palabra, en realidad, se quiera reemplazar a la otra”, manifestó.

La referente diferenció la Cámara, que nuclea empresas inmobiliarias, y el Colegio, que agrupa a profesionales. Ambos comparten el objetivo de cuidar la actividad inmobiliaria y promover la profesionalización, ya que antes era una actividad meramente comercial sin recaudos éticos o de formación.

Acosta Azoya advirtió que la desregulación puede generar un mercado al arbitrio de personas sin el manejo adecuado. Señaló que la labor del corredor inmobiliario implica responsabilidades. “Cuando llevo una persona a una escribanía para ya la compra de un inmueble, he tomado recaudos, he pedido libre de deudas, he hecho informe de dominio, o sea, tengo que tener esos recaudos”, detalló. Si surge un problema de la compraventa, el profesional matriculado se ve afectado. En cambio, si una persona no matriculada intermedia, el afectado no tiene dónde recurrir a la defensa, y el problema recae en manos de Defensa del Consumidor, un proceso que, según Acosta Azoja, no siempre tiene un resultado favorable.

Aumento de la informalidad y los fraudes

Acosta Azoya alertó sobre un posible aumento de la informalidad y los fraudes si se concreta la desregulación. “Si estoy vendiendo, sin desmerecer cada uno en lo suyo, estoy vendiendo papas y de repente voy y quiero intermediar una actividad inmobiliaria donde pienso que solamente tengo que agarrar el cliente, mostrarle y después llevarle a la escribanía y resulta ser que le estoy vendiendo un terreno que en el título dice que mide 15 metros de frente por 30 de fondo, dice en el título, pero resulta ser que cuando se va la persona, hace la medición el agrimensor, se encuentra que tiene 12 metros, ¿a quién reclama esa persona? ¿A quién le reclama?”, ejemplificó. Remarcó que sin un profesional matriculado, no habrá consecuencias para el intermediario.

La profesional también mencionó la importancia de verificar la documentación en los alquileres. Explicó que el aumento de papeles y requisitos se debe a los incumplimientos, ya sea por necesidad o por “avivada”. “Nosotros tenemos que chequear la garantía, pedir la documentación, o sea, tomar una fotografía de ese potencial inquilino que al momento de tomar, de tenerlo como inquilino, cómo estaba su realidad económica o financiera”, indicó.

Para Acosta Azoya, el gobierno persigue otros intereses con este proyecto, específicamente los de las franquicias. Consideró que la desregulación no abaratará los costos de alquiler. “Te puedo asegurar que se, supongamos que se desregula, ¿no? Viene, nosotros hoy por hoy cobramos un 3% de honorarios al comprador y 3% de honorarios al vendedor, es un servicio honorario. Vos pensás que la persona que intermedia, que va a entrar al mercado en este ámbito de desregulación, ay no, yo te voy a cobrar el 1%. Te va a querer cobrar lo mismo”, argumentó.

Además, desmintió que los costos de ingreso a los colegios sean excesivos. “Nosotros hoy por hoy cuando nos vamos a matricular, lo que pagamos al colegio es un importe de un salario mínimo. Esa es la matrícula de ingreso, que inclusive te lo hacen en cuotas”, aclaró. El colegio pide no tener antecedentes penales y presentar una garantía. “No estamos hablando que le piden a la persona para entrar 5 millones de pesos. No son mayores costos y de hecho, yo siempre digo, es una profesión generosa. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia”, agregó.

Acosta Azoya concluyó que la intención es “apañar un poco a la franquicia, que ya hoy por hoy hay varias que trabajan no cumpliendo la ley, porque ponen un matriculado pero son 40 las personas que trabajan, que no tienen una matrícula”. Para ella, se disfraza la desregulación cuando en verdad se busca desprofesionalizar la actividad.

La profesional citó ejemplos internacionales. En Estados Unidos, la National Association of Realtors (NAR) exige códigos de ética y exámenes anuales. España, por su parte, desreguló el mercado y luego Cataluña volvió a la obligatoriedad de la profesionalización. “Ya lo probaron, chicos, ya lo probaron. Se, ir, volver, ¿viste? O sea, acá se está queriendo implementar lo que ya”, afirmó.

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Desalojo exprés: una necesidad

Sobre el desalojo exprés, Acosta Azoya consideró que es un tema complejo. Reconoció que existen inquilinos excelentes, pero también otros que no son tan correctos. “En nuestra profesión, en mi profesión, hay una de las bases es el principio de buena fe. Que, que eso es lo que, lo primero, un principio de buena fe”, señaló. Explicó que el propietario espera el cumplimiento de lo prometido. Sin embargo, en ocasiones, la gente abusa de la situación. “Mi derecho, mi libertad o mi derecho termina cuando empieza el del otro. Entonces, ¿qué pasa? A veces se rompe eso”, indicó.

Cuando se rompe el principio de buena fe, hay que recurrir a la justicia, que, según Acosta Azoya, es muy lenta. “No sé si decir exprés, pero que sea más rápida, que sea más expeditiva. O sea, no puede un propietario hacer un reclamo y de repente tener que esperar un año para que le devuelvan su propiedad, 2 años, es su derecho, es su dominio”, enfatizó. Recordó que el Estado pide inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad para dar el dominio pleno y el derecho a reclamar sobre eso. “De repente una persona entra e invade todo ese derecho”, lamentó.

Finalmente, Acosta Azoja aclaró el rol del corredor inmobiliario. “Aquel corredor inmobiliario, aquella persona que se dedica a la actividad inmobiliaria y se pone de un lado, ya sea del propietario o del inquilino, tiene que dedicarse a otra actividad, porque no es así. Nosotros es una de las pocas profesiones que tenemos dos clientes en el mismo momento, que tienen interés sobre una misma cosa y que nosotros tenemos que mediar entre las partes”, concluyó.