Desde CADIFU alertaron sobre deudas acumuladas, pagos parciales y un sistema en tensión que pone en jaque la continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad.
La responsable del Centro de Atención a la Diversidad Funcional (CADIFU), Amanda Álvarez, expuso la crítica situación que atraviesan las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad en Misiones y el país, con atrasos en los pagos, endeudamiento creciente y dificultades para sostener la atención diaria. Según detalló, el escenario actual compromete tanto la operatividad de los centros como la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Álvarez señaló que, si bien recientemente algunas instituciones recibieron pagos, estos resultaron insuficientes para cubrir las deudas acumuladas. “Nos pagaron un mes, pero no alcanzó a cubrir ni siquiera las deudas que tenemos, que arrastramos desde el año pasado”, afirmó. En ese sentido, precisó que hay centros que registran retrasos de entre seis y siete meses, lo que agrava la situación financiera del sector.
La referente de CADIFU explicó que, ante la falta de recursos, muchas instituciones recurren al endeudamiento para continuar funcionando. “Tenemos descubiertos en los bancos, tarjetas en rojo, tratamos de estirar al máximo para no cerrar, porque eso afecta muchísimo a nuestros beneficiarios”, sostuvo. El centro que dirige atiende a unos 200 pacientes, entre niños, adolescentes y adultos, que requieren asistencia permanente.
En ese marco, remarcó que la atención no puede interrumpirse, ya que se trata de servicios esenciales. “Hay chicos que necesitan atención todos los días. Nosotros acompañamos de manera personalizada, con transporte, alimentación y rehabilitación”, explicó. Además, subrayó que el funcionamiento diario implica costos constantes: desde combustible para traslados hasta el pago de salarios a profesionales.
Álvarez también cuestionó la falta de previsibilidad en los pagos y las dificultades para planificar. “¿Cómo se encara una planificación sin dinero, sin recursos, en uno de los sectores más vulnerables?”, planteó. A su vez, advirtió sobre el impacto de las auditorías en curso y la incertidumbre que generan: “Nos dicen que están evaluando qué corresponde pagar, pero mientras tanto hay que seguir funcionando”.
En relación con el financiamiento del sistema, explicó que las prestaciones se sostienen a través de un fondo específico alimentado por aportes de trabajadores, obras sociales y prepagas, administrado por el Estado. “La pregunta es dónde está ese dinero”, cuestionó, al tiempo que rechazó que el problema esté vinculado a una falta de recursos estructural.
Otro de los puntos que marcó es el impacto a largo plazo de la falta de atención. “Una persona sin rehabilitación a tiempo es un costo enorme para el Estado. Es una cama hospitalaria más, que cuesta millones por día”, advirtió, al referirse a las consecuencias sanitarias y económicas de la interrupción de tratamientos.
En paralelo, denunció un “estigma” creciente sobre las personas con discapacidad, vinculado a discursos sobre presuntos fraudes en el acceso a pensiones. “Se ha generado una persecución constante y un ensañamiento con el colectivo. Nadie elige vivir de una pensión que es baja y que además limita el acceso al trabajo”, afirmó.
Frente a este escenario, anticipó que el sector intensificará las medidas de reclamo. “Las protestas ya comenzaron y se están organizando nuevas. No vamos a dejar de reclamar”, indicó. Asimismo, confirmó que viajó a Buenos Aires para gestionar soluciones ante el Ministerio de Salud, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas concretas. “Nos dicen que no saben cuándo van a pagar”, lamentó.
En Misiones, estimó que existen entre 28 y 29 instituciones que trabajan con personas con discapacidad, muchas de ellas atravesando problemáticas similares. En ese contexto, valoró algunas asistencias puntuales del Estado provincial, aunque aclaró que se trata de medidas paliativas que no resuelven el problema de fondo.
La situación, según describió, no solo afecta a las instituciones sino también a profesionales independientes del sector, que también enfrentan demoras en los cobros. “Es una precariedad generalizada”, resumió.
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