El Gobierno nacional presentó en el Senado de la Nación Argentina el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, con el objetivo de modificar la normativa vigente para mejorar la atención de los pacientes, agilizar tratamientos y redefinir los criterios de internación en todo el país.
La reforma de la Ley 26.657 de Salud Mental comenzó a debatirse en el Senado de la Nación Argentina, donde el Gobierno expuso los principales cambios orientados a corregir deficiencias del sistema actual y optimizar la atención en salud mental.
La presentación estuvo a cargo de la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, quien explicó que la iniciativa incorpora aportes de pacientes, familias, profesionales y autoridades de las 24 jurisdicciones del país. “Escuchamos a todos los actores y detectamos que la ley no funciona adecuadamente en su forma actual”, afirmó. Según detalló, varios artículos generan obstáculos que dificultan garantizar tratamientos oportunos.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación de los criterios de internación involuntaria. La iniciativa propone reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un criterio situacional más amplio. En ese sentido, González explicó: “Debemos analizar la historia clínica y no solo el momento actual para intervenir de forma preventiva”, lo que permitiría evaluar antecedentes y anticipar la evolución del paciente.
El proyecto también introduce cambios en la terminología utilizada en la normativa. Se reemplaza el concepto de “padecimiento mental” por “trastorno mental”, con el objetivo de lograr mayor precisión diagnóstica y evitar errores en la práctica clínica. Para los casos que no afecten el bienestar general, se incorporará el término “afecciones”.
En cuanto al abordaje médico, la reforma refuerza el rol del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, especialmente en las internaciones involuntarias. No obstante, en situaciones de urgencia donde no haya un especialista disponible, un médico clínico podrá intervenir, y la decisión deberá ser validada por el equipo dentro de las 24 horas.
Otro de los puntos relevantes es el referido a las altas médicas y el seguimiento de los pacientes. El texto establece que quienes hayan sido internados voluntariamente deberán pasar por una evaluación interdisciplinaria antes de recibir el alta. Además, se fija la responsabilidad de los familiares en el acompañamiento posterior a la externación.
Asimismo, la iniciativa incorpora un control judicial durante seis meses para los pacientes dados de alta, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos y fortalecer la atención ambulatoria.
En materia organizativa, el proyecto propone una reorganización del sistema de atención, con la ampliación de la red de instituciones y una distribución de funciones según la complejidad de los casos. De esta manera, los hospitales generales se encargarán de cuadros leves, mientras que los centros especializados concentrarán la atención de situaciones más complejas.
Con estos cambios, el Gobierno busca avanzar en una actualización integral del marco normativo de salud mental, en un debate que se anticipa amplio y con participación de diversos sectores.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
