El anteproyecto en análisis propone un sistema acusatorio, con cambios en los roles, mayor intervención del Ministerio Público y mecanismos de resolución temprana de conflictos.
Vladimir Glinka. Radio UP
En el marco del proceso de reforma del Código Procesal Penal de Misiones, el fiscal del Tribunal Penal N°1 de Posadas, Vladimir Antonio Glinka, detalló los ejes del anteproyecto en discusión y explicó los alcances de la iniciativa que busca modificar el funcionamiento del sistema judicial penal en la provincia.

El funcionario planteó que el cambio no se limita a lo normativo, sino que implica una transformación estructural. “La primera reforma que hay que tener en cuenta acá es una reforma mental. Lo primero que cambia es o tiene que ser la mente en lo que es el proceso penal”, sostuvo.
Según explicó, la propuesta apunta a dejar atrás el sistema mixto vigente para avanzar hacia un esquema acusatorio. En ese sentido, remarcó una de las modificaciones centrales: “Se elimina la figura del juez de instrucción. No se eliminan los jueces, sino el rol del juez de instrucción, con lo cual ahora el titular de la acción penal oficialmente y el que la va a impulsar va a ser el fiscal”.
Glinka precisó que, en el nuevo modelo, la investigación quedará exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal. “El juez de garantías lo que hace es controlar la legalidad del proceso y garantizar que se cumplan con los derechos de defensa”, indicó, y agregó: “Quien lo impulsa, quien propone, es el fiscal, lo cual reserva y garantiza mucho más la imparcialidad del juez”.
El fiscal también describió el cambio en la lógica de tramitación de las causas. “Ahora es un legajo que tiene el fiscal que es convocado a un juez a resolver un conflicto determinado”, afirmó, al tiempo que señaló que el nuevo sistema permitirá una intervención más acotada de los magistrados.
En relación con los objetivos del proceso penal, el funcionario sostuvo que la reforma introduce una perspectiva distinta. “Hasta el día de hoy, según nuestro Código, lo que busca el proceso penal es determinar mediante una resolución si se cometió o no un delito”, explicó, y añadió: “Este nuevo sistema gestiona lo que es el conflicto, plantea una gestión de conflicto distinta”.
En esa línea, remarcó que no todos los casos requerirán llegar a juicio. “No todo tiene que ir a un juicio, no todo tiene que ir a una sentencia, hay muchos métodos alternativos de resolución”, afirmó.
Glinka ejemplificó que el nuevo esquema permitirá resolver causas en plazos más breves: “No hace falta transitar en algo que está totalmente probado durante dos años, lo puedo resolver en un mes”. Además, indicó que estas herramientas podrán aplicarse desde etapas iniciales: “Yo lo puedo hacer el primer día”.
Sobre la implementación del anteproyecto, explicó que ya se conformó una mesa de trabajo con distintos actores del sistema judicial. “Se están trabajando sobre los aportes de cada uno, la visión de cada uno, la experiencia de cada uno”, detalló. Las reuniones se desarrollan dos veces por semana y se prevé un total de entre “10 o 15 sesiones” para la elaboración del texto final.
En cuanto a los efectos para la ciudadanía, el fiscal consideró que el nuevo modelo acercará el sistema judicial a las víctimas. “Es una justicia mucho más cerca de la gente, es sentirse más protegido”, expresó. En ese sentido, añadió: “No estaría mal en este nuevo sistema decir que la víctima tiene su abogado y que es el fiscal”.
Finalmente, Glinka sostuvo que la reforma no implicará necesariamente mayores costos estructurales. “No es que hay que crear algo distinto, sino redistribuir lo que tenemos para otro servicio”, afirmó, y concluyó: “Al resolver las cosas más rápido, al gastar menos insumos, a la larga eso es un ahorro”.
El anteproyecto será elevado una vez concluida la etapa de debate técnico y deberá avanzar en el ámbito institucional correspondiente para su eventual tratamiento.
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