En medio de una recaudación que no repunta, el Ejecutivo ordena a los ministerios profundizar el ajuste para sostener el superávit. Al mismo tiempo, la ambiciosa agenda de 90 leyes anunciada por Milei sufre demoras por falta de material técnico y la fuerte resistencia en el Congreso.
El Poder Ejecutivo ha iniciado una nueva fase de control riguroso sobre las partidas públicas. Bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, las nueve carteras nacionales están presentando planes de ajuste para revisar programas, partidas y gastos operativos. El objetivo es blindar el superávit primario en un contexto donde la recaudación real sigue corriendo por detrás de la inflación.
Sin embargo, este avance en el recorte administrativo contrasta con la lentitud en la agenda parlamentaria. Aunque el Presidente anunció el envío de 10 paquetes de reformas por mes durante nueve meses (totalizando 90 iniciativas), en las bases oficiales admiten que el material legislativo aún es escaso. «Lo quieren hacer, pero no hay tanto material listo», confiesan fuentes del Gobierno, reconociendo que el armado de las leyes no avanza al ritmo que el discurso presidencial imprimió el pasado 1 de marzo.
La estrategia de la Casa Rosada se enfrenta a obstáculos técnicos y políticos:
Falta de contenido: No todos los ministerios tienen preparadas las reformas estructurales que Milei prometió. Se busca evitar que el envío de leyes quede desfasado de la realidad o carezca de sustento técnico.
El revés de los organismos públicos: Tras el rechazo legislativo al decreto que disolvía entes como el INTA, INTI e INPI, el Ejecutivo evalúa ahora intentar estos cierres mediante proyectos de ley, lo que anticipa una batalla feroz en el Congreso.
Presión del FMI: El organismo internacional ha solicitado un «control del gasto riguroso y continuo», lo que obliga a la Jefatura de Gabinete a presionar a los ministros para que presenten resultados antes de pedir nuevas leyes.
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Resistencia gremial y parlamentaria
La nueva etapa de la «motosierra» ya despertó las alertas en los gremios estatales y los bloques opositores. En el oficialismo saben que cualquier avance sobre estructuras descentralizadas o empleo público volverá a encender el conflicto en Diputados y el Senado.
Por ahora, la orden de Manuel Adorni y los equipos de Desregulación es clara: primero ordenar el gasto interno y luego definir qué batallas dar en el Congreso. Mientras tanto, los 90 proyectos de reformas estructurales que prometían rediseñar la arquitectura del Estado permanecen, en su gran mayoría, en etapa de borrador.
Fuente: TN
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