Un estudio del IARAF reveló que cada argentino soportó un ajuste de $765.000 en dos años debido a la menor coparticipación y transferencias no automáticas. La estimación abarca los fondos de 2023, período en que la Justicia incidió en el reparto y expuso la dura caída de recursos provinciales.
La caída de la recaudación y la decisión política de eliminar las transferencias discrecionales han configurado un escenario de asfixia financiera para las provincias. El informe del IARAF detalla que, entre enero de 2024 y febrero de 2026, el recorte acumulado alcanzó los $35,5 billones. Al prorratear esa cifra por la población total del país, el «esfuerzo fiscal» exigido a cada habitante asciende a $765.264.
Sin embargo, el ajuste no ha sido equitativo. El informe destaca una disparidad abismal entre el interior del país y la Capital Federal, profundizada por la intervención de la Justicia.
Provincias vs. CABA: la brecha de los recursos
Mientras que las 23 provincias enfrentaron una reducción drástica de ingresos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue el único distrito que logró mejorar sus números gracias a un fallo de la Corte Suprema.
En las provincias: El ajuste fue de $831.995 por habitante. La pérdida acumulada para las 23 jurisdicciones del interior fue de $36,1 billones, explicada tanto por la caída de la coparticipación neta (43%) como por la desaparición de las transferencias no automáticas (57%).
En CABA: Lejos de sufrir un recorte, los ingresos por habitante subieron $170.340. Esto se debe a la medida cautelar de la Corte que ordenó a Nación elevar el coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%, compensando con creces cualquier otra caída.
La incidencia judicial en el reparto
El estudio subraya que la Justicia ha tenido una incidencia fundamental en el mapa de recursos de 2026. La cautelar que favoreció al reclamo iniciado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta —y mantenido por la actual administración porteña— obligó al Gobierno de Javier Milei a girar fondos que, bajo el formato de transferencias no automáticas, terminaron blindando las arcas de la Ciudad mientras el resto de los gobernadores lidiaba con la eliminación de fondos docentes, de transporte y de infraestructura.
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Causas del desplome
El IARAF identifica dos motivos principales para esta caída de $35,5 billones en el sistema federal:
Caída de actividad: La recesión económica impactó directamente en el IVA y otros impuestos coparticipables.
Política tributaria: Decisiones que derivaron en menor recaudación nacional, lo que automáticamente achicó la «torta» a repartir con los distritos.
Para las provincias, el desafío de 2026 sigue siendo cómo sostener los servicios básicos (salud, educación y seguridad) tras haber perdido recursos equivalentes a casi un millón de pesos por habitante en el último bienio.
Fuente: ámbito
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