La discontinuación del programa Volver al Trabajo afectará a 34.627 misioneros y significará una pérdida de $2.900 millones mensuales para la provincia. Organizaciones sociales resisten la medida y denuncian un impacto "inhumano" en los sectores más vulnerables.
La militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Pilar Cifuentes, se refirió al cese del programa Volver al Trabajo y a las protestas que realizan las organizaciones sociales en la provincia. Cifuentes afirmó que la medida tomada por el gobierno nacional impacta gravemente en miles de familias y en la economía local.
Cifuentes relató que la UTEP y el Polo Obrero (PO), junto con gremios docentes, realizaron un corte en El Dorado, sobre Ruta 12 y Avenida Fundador. La manifestación, que se realizó ayer, se extendió desde las 9 hasta las 11 de la mañana, reclamó por el salario social complementario y defendió su continuidad.
La referente explicó el origen del programa: “Nosotros seguimos reivindicándolo como el salario social complementario. Salió por ley a principios del 2016, fines del 2015, para reconocer el trabajo de la economía popular en un contexto de emergencia social”. Cifuentes detalló que este reconocimiento abarca a recuperadores urbanos, pequeños productores y a quienes sostienen merenderos y comedores, que no solo ofrecen alimento sino también apoyo escolar y espacios deportivos. “Hoy claramente está muy golpeado toda esa situación y aún así las compañeras siguen resistiendo”, lamentó.
Según la dirigente, el gobierno nacional golpea el salario social desde hace años. “Desde que asumió lo congeló en 78.000 pesos”, sostuvo Cifuentes, y agregó que el monto se calculaba en base a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, que hoy debería rondar los $180.000. Este congelamiento afectó los procesos de organización colectiva y mejora laboral de cooperativas y espacios productivos. “78.000 pesos, más las pocas posibilidades de venta de un productor, nos fue golpeando también en cuanto a la posibilidad de vender productos”, explicó. La situación obliga a muchos trabajadores a buscar alternativas de subsistencia, incluso a emigrar a Brasil.
El gobierno planteó convertir el programa en vouchers para capacitaciones. Sin embargo, Cifuentes cuestionó la propuesta y aseguró que “esta cuestión de las capacitaciones y todo eso vuelve a ser excluyente”. Para la militante, las ofertas de cursos, como las que da una cadena de comida rápida, no condicen con la realidad de los trabajadores populares. “La plata no va al trabajador, sino va a McDonald’s para que le dé cursos”, denunció. Además, la dirigente señaló que existen “cursos fantasmas” y se preguntó sobre el destino de esos fondos.
En Misiones, la interrupción del programa implica una pérdida mensual de casi $2.900 millones que se destinaban al comercio local. Al año, esta cifra asciende a $35 mil millones, según Cifuentes. La militante remarcó la importancia de estos ingresos para las familias: “Hoy es pagar la deuda con el almacén del barrio, es para la garrafa, es un montón de cosas que las compañeras, pagar la luz”. Cifuentes calificó la medida como “inhumana” debido a las urgencias económicas que enfrentan los hogares, con servicios y alquileres en constante aumento.
Pobreza en aumento
Frente a las cifras del INDEC sobre la reducción de la pobreza, Cifuentes fue contundente. “Claramente no”, afirmó, y agregó que “cada vez la gente se está yendo a Brasil a trabajar porque no se sostienen con la economía de hoy”. La referente detalló el incremento del combustible, los servicios y el transporte público, que encarecen la vida. Además, advirtió sobre la precarización de la salud pública y la saturación de la atención. “Hay compañeros que están dejando de tomar medicaciones y eso perjudica porque no pueden pagarlas”, manifestó, lo que a su vez impacta en su capacidad para trabajar.
Cifuentes consideró que el gobierno nacional “está golpeando con todo a lo más pobres de lo más pobres”. Para ella, las cifras oficiales no se condicen con la realidad de los trabajadores de la economía popular ni de otros sectores. “Los docentes también están luchando por su salario, los de la salud. No hay sector hoy trabajador que no esté saliendo a cuestionar su condición de trabajador, sus salarios”, puntualizó.
Las organizaciones sociales, advirtió, continuarán esta semana con asambleas y acciones de difusión en los barrios populares para defender el salario y alertar sobre la nueva ley que amenaza los derechos de acceso a la tierra y la vivienda.
