El empresario Ariel García Furfaro declaró durante tres horas ante la Justicia en la causa que investiga más de 100 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado. La indagatoria se realizó por videollamada ante el juez federal Ernesto Kreplak, con interrupciones técnicas que obligaron a pasar a un cuarto intermedio. El expediente, que ya lleva casi un año, amplía ahora las acusaciones contra los 14 imputados.
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., declaró durante tres horas en la causa que investiga las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado. La audiencia se realizó por videollamada ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, pero la conexión se interrumpió en varias oportunidades, por lo que se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando continuará su presentación.
De acuerdo con fuentes judiciales, el principal imputado —quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz— fue interrogado en el marco de una investigación que ya acumula cerca de un año y que busca determinar responsabilidades en un caso que pasó de 20 víctimas iniciales a aproximadamente 114 tras nuevas pericias.
En la misma jornada también prestó declaración la directora técnica de la firma, Carolina Ansaldi. En tanto, otros involucrados, como la gerente Victoria García y el exresponsable del área de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, Eduardo Darchuk, optaron por no declarar.
Durante los últimos días, desfilaron por el juzgado diversos integrantes de las compañias investigadas. Entre ellos, José Antonio Maiorano, técnico de HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Ramallo; Adriana Iudica, responsable de Control Microbiológico; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica.
También brindaron testimonio Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma; Edgardo Gerardo, integrante del proceso productivo; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano del empresario, quien tenía a su cargo la coordinación de las plantas y la definición de órdenes de producción.
En esta nueva etapa del expediente, el juez Kreplak dispuso ampliar las indagatorias con el objetivo de incorporar nuevos hechos a la acusación contra los 14 procesados. García Furfaro había sido procesado en septiembre del año pasado junto a otros directivos, oportunidad en la que también se ordenó el embargo de sus bienes por un billón de pesos. Posteriormente, el magistrado confirmó los procesamientos de todos los detenidos, quienes ya habían declarado en 2025.
El empresario fue considerado coautor penalmente responsable del delito de “adulteración de sustancias medicinales” que provocó la muerte de al menos 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
En paralelo, la madre del imputado, Nilda Furfaro, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria tras un pedido de su defensa, aunque continúa con prisión preventiva y un embargo de quinientos mil millones de pesos. En la misma situación procesal se encuentra Diego García Furfaro, hermano del empresario, quien también fue procesado con prisión preventiva y embargado por el mismo monto.
Los acusados enfrentan penas de entre 10 y 25 años de prisión, de acuerdo con el artículo 201 bis del Código Penal, que establece esas sanciones cuando el envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales provoca la muerte de personas.
García Furfaro cuenta además con antecedentes penales: en 2002 fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante. Tras cumplir la pena, se incorporó a la industria farmacéutica, donde consolidó varias firmas, entre ellas HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
