El abogado Ramón Camargo alertó sobre el grave impacto de las falsas denuncias, especialmente en casos de violencia de género o supuestos abusos, donde el acusado va preso y sufre “casi una total indefensión”. Analizó el proyecto de ley presentado por la senadora santafesina Carolina Losada, que busca agravar las penas, hoy excarcelables, para quienes mienten a la justicia y causan daños a los denunciados por hechos que no existieron.
El abogado misionero Ramón Camargo MP 808, analizó el impacto de las falsas denuncias en el sistema judicial, especialmente en el ámbito de la violencia de género. El letrado sostuvo que, si bien la falsa denuncia constituye un delito en la actualidad, las penas resultan tan leves que, en la práctica, carecen de consecuencias significativas para los denunciantes que mienten a la justicia.
Camargo explicó que el proyecto de ley impulsado por la legisladora, que busca agravar las penas para estos casos, no introduce un delito nuevo, sino que propone endurecer las sanciones existentes. “La falsa denuncia es un delito. Cuando vos denunciás a una persona falsamente, básicamente es un tipo de falso testimonio, vos le estás mintiendo a la justicia”, afirmó el letrado.
El sistema judicial, según el abogado, actúa de inmediato ante una denuncia, sin verificar sus extremos en forma instantánea. El letrado empleó una metáfora para describir esta situación: “Ese famoso ‘tiene razón, pero marche preso’. La justicia no analiza si el denunciante mintió, no mintió, actúa directamente para proteger a la persona que supuestamente ha sido víctima del delito, supuesta víctima. Entonces se dispara un mecanismo a partir de eso”.
Actualmente, las penas por falsa denuncia oscilan entre seis meses y dos años de prisión, lo que las convierte en excarcelables y sin repercusión efectiva para el falso denunciante. Camargo puntualizó que una persona que sufre una denuncia falsa puede ver su vida destrozada, sin que el responsable enfrente consecuencias graves.
Consecuencias devastadoras y un debate necesario
El abogado detalló las severas repercusiones que una falsa acusación acarrea para la persona denunciada, especialmente en casos de abuso o violencia de género. “Una persona que está siendo acusada por cuestiones de abuso o de violencia de género, tiene una estigmatización social muy grande. Para siempre”, aseguró.
Ejemplificó con un docente falsamente acusado, quien, aunque legalmente pueda, en la práctica no volverá a trabajar en un ámbito escolar debido a la condena social. “Nosotros como padres vamos a tratar de protegernos y vos sabés perfectamente que en la duda no va a haber ninguna ni una posibilidad que nosotros permitamos que nuestros hijos estén sometidos a esa (situación)”, explicó.
El proyecto de Losada propone llevar las penas por falsa denuncia en cuestiones de género de tres a seis años de cárcel, lo que implicaría un cumplimiento efectivo de la prisión. Sin embargo, el abogado resaltó que el mayor acierto de esta iniciativa reside en abrir el debate social sobre el tema. “Lo que trae, para mí, el proyecto de Losada es la discusión de este tema. Es el primer gran acierto de este proyecto y del trabajo que está realizando esta senadora que nos ha traído acá a charlar del tema. Nosotros, como sociedad, necesitamos hablar del tema. Es urgente para todas las personas, no solo hombres, para todas las personas que vivimos en esta sociedad, hablar del tema. Nadie está exento de tener este problema”, enfatizó.
Desequilibrios en la justicia y el abandono de la infancia
El letrado criticó la lentitud del sistema judicial para determinar la inocencia de un acusado. Una persona puede pasar años privada de su libertad, incluso si la denunciante se retracta, dado que el proceso judicial continúa y otros organismos pueden considerar que esa retractación no es real. “Una vez disparado el mecanismo, de ese mecanismo se sale a partir del sobreseimiento, la desestimación de la causa o el sobreseimiento del imputado, o sea, puede continuar a proceso, puede no ir preso, puede salir de la cárcel, pero el proceso va a continuar”, explicó Camargo.
El abogado también puso en tela de juicio la aplicación de la perspectiva de género en el sistema judicial. Para Camargo, muchos órganos judiciales consideran “prácticamente condenada a la persona que está denunciada” y no se ocupan de investigar la verdad. “La aplicación de distintos institutos y distintos protocolos que son incluidos a través de distintas oficinas que están dentro del sistema, básicamente no le permiten al juez indagar en profundidad la verdad de los hechos”, denunció.
Camargo lamentó que la igualdad ante la ley, un principio fundamental, “no existe más” en estos contextos, donde cualquier investigación que busque profundizar en los hechos puede ser considerada “revictimización”, lo que limita la defensa del acusado.
Asimismo, el abogado advirtió sobre un grave abandono del niño en estos procesos. Remarcó que la perspectiva de género se creó para igualar a la mujer, no para generar desigualdad procesal. “El Estado ha armado todo un aparato que se dedica en forma exclusiva a la defensa de un grupo, que son las mujeres, y ha dejado de lado al niño”, afirmó. Explicó que, en disputas que involucran a menores, muchas veces no interviene el Ministerio Pupilar ni un abogado del niño, lo que deja a los menores como “convidados de piedra” cuyas vidas se ven inmediatamente afectadas. Mencionó casos extremos como los de Lucio Dupuy y Ángel.
Camargo consideró que el debate sobre estas cuestiones es esencial y urgente. “Nosotros estamos enfrentando la destrucción del principio de inocencia, estamos enfrentando la destrucción de la igualdad ante la ley y eso trae consecuencias”, concluyó. Asimismo, manifestó que esta discusión es sensible y a menudo genera problemas, ya que hay quienes no desean abordar el tema. “La cuestión de los profesionales que se prestan para hacer los informes falsos”, añadió, constituye “otro plano del mismo tema” que requiere atención urgente.
