La pobreza infantil llegó al 53,6% en 2025 y la indigencia al 10,7%, según la UCA. El 28,8% de los niños sufre inseguridad alimentaria, y el 13,2% de forma severa. Aunque hubo mejoras, persisten fuertes desigualdades sociales y una gran necesidad de asistencia.
Un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló un panorama preocupante sobre la situación de la infancia en el país. La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) señaló que, si bien hubo una baja en los últimos dos años, las privaciones y las desigualdades sociales en las infancias persisten con firmeza.
En 2025, la pobreza afectó al 53,6% de los niños y adolescentes, mientras que la indigencia alcanzó el 10,7%. Estos datos, que reflejaron una disminución respecto a años anteriores, no deben llevar a confusión. La UCA señaló que esta mejora “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.
La serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente en el largo plazo, con picos en momentos de crisis y descensos en breves recuperaciones. En 2010, la pobreza impactaba al 45,2% de los niños y adolescentes. Si bien disminuyó en 2011-2012, después inició un período de deterioro. Alcanzó máximos históricos en 2023, con un 62,9%. El progreso de 2024 y 2025 resulta significativo; sin embargo, la UCA puntualizó que “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”.
La indigencia siguió una trayectoria similar, aunque con oscilaciones más pronunciadas. Partió de un 11,4% en 2010, bajó al 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que llegó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.
Inseguridad alimentaria y asistencia
Además, el informe detalló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025. El 13,2% la padeció en su forma más severa. Aunque estos valores implican un avance respecto a 2024, no lograron retornar a los niveles previos a 2017. Esta problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.
En este marco, la asistencia alimentaria trepó al 64,8%, lo que marcó un récord. Desde 2020, se observa un fuerte aumento, impulsado por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, y por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año. Por otra parte, el reporte detalló que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.
La UCA precisó que estas y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más las necesitan, aunque no a la totalidad. Al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema. Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó al respecto: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.
Déficits multidimensionales
La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años. El 19,8% de este grupo dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. El informe remarcó: “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”.
Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud. En cuanto a las condiciones habitacionales, hubo avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa como una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado. Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta, y además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.
En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad. Según su perspectiva, esta constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares, más allá de la tendencia global. En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años. El censo de 2022 indicó que ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo de 2,1.
